Apoco menos de dos años de gestión, el gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca sufre su peor crisis marcada por divisiones internas, una administración estatal errática, el insaciable apetito de poder el expresidente fugado, denuncias de corrupción en casi todos los niveles del Estado, el uso de la mentira como instrumento de gobierno y de la justicia mientras se habla de su reforma, y un sistema de represión cada vez más violento.

Acompaña a esa situación una inexplicable actitud de soberbia de los dignatarios más criticados y ya no sólo desde la oposición, sino desde el propio MAS y sus organizaciones afines.

Así, el presidente del MAS, de dar sugerencias pidiendo el cambio de algún ministro ha pasado a un abierto pedido de destitución que cobra cada vez más fuerza. Los más antipatizados –y, qué casualidad, parece que lo son también de parte de la ciudadanía– hasta ahora son los ministros de Gobierno, de ¿Justicia?, Desarrollo y Defensa, así como del presidente de la Administración Boliviana de Carreteras (ABC), autoridad que seguramente con la intención de cuida la pega incorporó en planilla a uno de los hijos del exmandatario Morales.

En esos dimes y diretes, los ministros cuestionados han adoptado una actitud de confrontación señalando cada uno por su lado, pero al parecer con el mismo libreto, que ya no tolerarán más acusaciones y pasarán al ataque. Pero, obviamente, desatada la disidencia, seguramente la lista de pedidos para destituir ministros y burócratas seguirá creciendo, poniendo al primer mandatario contra la pared.

Se puede prever que estas confrontaciones (de la que aparecen como víctimas propiciatorias algunos dirigentes de la oposición porque se los ataca aparentemente para no perder la costumbre como las groseras detenciones de la ex alcaldesa de El Alto y el presidente de Adepcoca) se mantendrán si Morales y Arce no deciden “abuenarse”. Sin embargo, eso exige que dominen sus ambiciones y pergeñen un acuerdo que les permita seguir gozando del poder en forma pactada. Al contrario, si se mantienen en sus trincheras seguirán desgastándose y perdiendo cada vez más apoyo ciudadano.

En todo caso, mientras se mantienen estos conflictos los síntomas de una profunda crisis aparecen con más evidencia lo que, como de alguna manera ya sucedió entre 1997 y 2003, y profundizará la anomia que se ha apoderado del país con la importante diferencia de que entonces el MAS y Morales se presentaban como actores con capacidad de enfrentar los problemas. Ahora, pese a esfuerzos aislados, no se vislumbran aún instrumentos ni líderes que generen entusiasmo y esperanzas en la población.

En estas circunstancias, la sociedad se va impacientando. El incomprensible manejo que el gobierno ha hecho de la fecha para la realización del Censo de Población y Vivienda, su reiterado rechazo a abrir espacios de diálogo sobre temas que afectan al conjunto, entre otras actitudes, están cansando a la gente. Muestra de ello es que hay sectores organizados en permanente movilización exigiendo la atención de sus demandas y la confirmación de que a fin de mes se realizará un cabildo en Santa Cruz exigiendo la realización del censo. Ambos y otras explosiones sociales permiten vislumbrar un escenario de mayor conflicto.

Si estas reacciones se juntan con los conflictos dentro del MAS, octubre será un mes agitado. Y si recordamos, este mes ha sido escenario de importantes hitos en nuestra historia.

Pero, como se trata de pedir más, con algo de optimismo y ante la dimensión de los problemas, se puede albergar la esperanza de que en este 2022 octubre, pese a lo señalado, se convierta en el mes en el que moros y cristianos decidamos pensar en el largo plazo abriendo espacios de concertación para preservar la democracia y resistir los problemas que interna y externamente se avecinan.

Juan Cristóbal Soruco es periodista.