El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó “con modificaciones” las cuatro preguntas para el referéndum que permitirá reformar la justicia, informó a EL DEBER Juan del Granado, representante de los juristas independientes que tramita esta iniciativa.

“Existe una demora en el proceso, pero vamos avanzando bien”, señaló poco antes de informar que en el curso de las próximas horas de pronunciará respecto a las modificaciones sugeridas por el TSE. “Son temas formales que no afectan el fondo de nuestra propuesta”, señaló.

Del Granado indicó que la sala plena del TSE aprobó las preguntas durante la reunión de sala plena que se verificó el miércoles por la tarde y que ya existe una notificación formal por parte de las autoridades de ese órgano estatal.

Las cuatro preguntas del referéndum constitucional pasaron, de este modo, por “el control de legalidad” de esta iniciativa legal ciudadana. El corazón de la propuesta si bien no anula la elección de magistrados a través del voto, plantea otros mecanismos para restarle influencia al poder político en este proceso.  

La primera pregunta propuesta es para saber si la población está de acuerdo con una reforma parcial de la Constitución, de manera que se garantice “una justicia con jueces y magistrados independientes, imparciales, transformando radicalmente la selección y designación de esas autoridades, sobre la base de comprobación pública de su capacidad de la idoneidad y la probidad de los postulantes” a altos magistrados.

El proyecto de referéndum prosigue con la consulta sobre la incorporación constitucional del 3% del Presupuesto General del Estado en favor del Órgano Judicial y que éste sea administrado por un Consejo de la Magistratura reinstitucionalizado. En la actualidad, la asignación de recursos está debajo del 1% y es aprobado desde el Ministerio de Economía.

En la tercera pregunta se pide la anuencia del elector para reformar la Constitución “para garantizar que naciones y pueblos indígena, originarios, campesinos resuelvan sus conflictos jurídicos en el marco de aplicación de su derecho consuetudinario”.

El grupo de juristas que trabajó en esta propuesta halló serias deficiencias en la aplicación de la justicia indígena por la generación de leyes “más tradicionales” que no reconocieron los avances, por ejemplo, de la Ley de Deslinde Jurisdiccional que se presentó como uno de los logros de la Carta Magna, vigente desde 2009.

En la última pregunta se plantea esa reforma parcial de la Constitución “para crear la justicia de paz, con jueces de paz en cada barrio de las ciudades que puedan resolver de manera oportuna, pronta y efectiva los conflictos menores, sobre la base de la equidad, evitando la retardación de justicia, evitando los gastos innecesarios”.

El siguiente paso es el Tribunal Constitucional y luego se debe reunir las firmas del 20% del padrón electoral, cifrado en algo más de siete millones de electores para 2020; es decir, se deben juntar al menos un millón y medio de rúbricas para activar el referéndum.