La importancia de realizar un censo poblacional no solo radica en la utilidad que tiene para las encuestas o recolectar datos, su valor va más allá de esos aspectos, ya que es fuente principal de información, no solo demográfica sino también socioeconómica, que facilita elaborar indicadores de desarrollo, proporciona bases para elaborar estimaciones de natalidad, mortalidad, migración, crecimiento de la población. Es decir, un censo no solo permite conocer cuántos habitantes tiene Bolivia, sino también dónde y cómo viven, con base en preguntas sobre condiciones de vivienda, etnia, actividades económicas, etc.
Por tanto, se debe partir de la recomendación que hacen los organismos internacionales a los Estados para realizar un censo de población cada 10 años. Y tomando en cuenta que el último en nuestro país se realizó en 2012, Bolivia debería llevarlo a cabo para la presente gestión. Pero desafortunadamente las autoridades políticas tienen la intención de postergarlo 2 años más, y como era de esperarse, tal decisión ha generado polémica y conflictos en el país.
El Gobierno se contradice, debido a que en la pasada gestión ya había declarado como prioridad nacional la realización del censo poblacional para este año, así lo establece el artículo 2 del Decreto Supremo N° 4.546, del 21 de julio de 2021, por lo que demorar más su realización, evidentemente genera sospechas de que el Gobierno no tiene interés en llevar a cabo un proceso de vital importancia, o que desea emplearlo según sus intereses.
Resulta extraño e inusual que, de un día para otro, nuestras autoridades políticas asuman esta decisión, y más aún cuando hasta hace poco los funcionarios del INE aseguraban que el proceso estaba dentro del plazo previsto. Que 6 meses eran suficientes para subsanar falencias en la actualización cartográfica y demás aspectos, tomando en cuenta que incluso el Gobierno destacaba el avance de los preparativos y garantizó el financiamiento del proceso.
Y observando la coyuntura política actual, la postergación del censo ya está generando desacuerdos y disgustos, que a criterio personal serían por 2 aspectos relevantes, socioeconómicos y políticos.
Socioeconómicos por el hecho de la Reasignación de recursos a cada departamento y municipio, ya que es de conocimiento general que, dependiendo de la densidad poblacional de cada uno, se le otorgan recursos para su administración.
En cuanto al aspecto político, que al parecer es el más importante para nuestras autoridades, el impacto radica en 2 puntos esenciales:
El primero relacionado a que el Gobierno en turno, trataría de aproximar la fecha de realización del censo, con los comicios de 2025, a través del cual pretenderán indagar si las elecciones resultarían provechosas o no para ellos.
El segundo punto sería retrasar la reasignación de escaños en el Parlamento, ya que como establece nuestra Constitución Política del Estado en su artículo 146, V, la distribución de escaños entre departamentos se determina por su número de habitantes, e indica que se asignará un número de escaños mínimo a los departamentos con menor población.
Para tal efecto, cobra mucho sentido que sea precisamente Santa Cruz el departamento que mayor disconformidad ha mostrado con la postergación del censo, ya que sería el departamento más beneficiado si dicho proceso se realiza lo más antes posible, debido a que desde el aspecto socioeconómico, es sabido que la región recibe 80 mil ciudadanos cada año y se estima que tendría un total de 3.4 millones de habitantes al finalizar el 2022. Es decir, 800 mil más en relación con los 2.6 millones del censo de 2012. Por consiguiente, Santa Cruz recibiría mayores recursos económicos por su alta densidad poblacional, y no solo eso, sino que además en lo político podría sumar 4 escaños en el Congreso, lo que resultaría negativo para el MAS, por su intención de mantener el poder en la Asamblea, a través de su mayoría absoluta y los dos tercios.

La autora es estudiante UMSA.