El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) aprobó las cuatro preguntas que planteó el grupo de Juristas Independientes en busca de la reforma de la justicia mediante un referéndum.
Mediante una misiva, se comunicó a los juristas que la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sesionó ayer, martes, en donde consideró el informe TSE-DN-SIFDE N° 253/2022 de la Dirección Nacional del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), referente a la redacción alternativa de las preguntas que los abogados presentaron.
En esa línea se señala que la Dirección Nacional del Sifde elaboró el informe “con un carácter eminentemente técnico” con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos de claridad, precisión e imparcialidad en la formulación de la redacción alternativa de las preguntas de un referendo.
“En ese sentido, comunicarles que la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, aprobó el informe antes citado TSE-DN-SIFDE N° 253/2022 de la Dirección Nacional del Sifde, y conforme al parágrafo V del artículo 19 de la Ley Nº 026 del Régimen Electoral, se remite una redacción alternativa de las preguntas, tomando en cuenta los criterios de claridad, precisión e imparcialidad, a fin de que sus personas en la calidad de promotores comuniquen su acuerdo con la nueva redacción de las preguntas para proseguir con el procedimiento”, reza una parte del documento firmado por el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel.
De esa manera, el ente electoral envía a los 16 juristas independientes los anexos de las preguntas con una redacción alternativa a las presentadas por los interesados el pasado 28 de julio en el marco de una propuesta de reforma judicial, mediante referéndum constitucional. Ese día también se presentó el texto normativo de la propuesta de reforma parcial de la Constitución y los fundamentos jurídicos.
La reforma se propone en la modalidad de iniciativa popular, es decir, que requiere de las firmas del 20% del padrón electoral para que el referéndum se concrete.
Las 4 preguntas
La primera pregunta consiste en consultar a la población si está de acuerdo con reformar parcialmente la Constitución, para garantizar una justicia con jueces y magistrados independiente, imparciales, transformando radicalmente la selección y designación de estas autoridades, sobre la base de comprobación pública de la capacidad de la idoneidad y probidad de los postulantes.
La segunda pregunta es si el votante está de acuerdo con reformar parcialmente la Constitución para garantizar una asignación presupuestaria mínima, pero digna, al Órgano Judicial con un 3% de todo el presupuesto general, de forma anual y bajo la administración de un Consejo de la Magistratura reinstitucionalizado.
La tercera consulta: si se debe reformar parcialmente o no la Constitución para garantizar que las naciones y pueblos indígena originarios campesinos resuelvan sus conflictos jurídicos en el marco de aplicación de su derecho consuetudinario.
La última consulta es si están de acuerdo con reformar parcialmente la Constitución para crear la justicia de paz, con jueces de paz en cada barrio de las ciudades que puedan resolver de manera oportuna pronta y efectiva los conflictos menores, sobre la base de la equidad, evitando la retardación de justicia, evitando los gastos innecesarios.
