Aquel octubre llegó con alegría. Recuerdo que soñábamos con que terminara la dictadura. Hablábamos bajito, susurrábamos que las cosas iban a cambiar, abrazábamos cualquier signo del fin del régimen. Hasta que sucedió: conquistamos la democracia. Era 1982.

Mucha agua ha corrido bajo este puente. Son cuatro décadas de democracia ininterrumpida. Se dice fácil, y a menudo se olvida lo que costó, o se lo oculta a conveniencia. No fue un regalo, la dictadura había anunciado que se quedaría veinte años, su restablecimiento fue el resultado de luchas, de compromiso, de sangre.

En estos años hubo múltiples deficiencias, inconsistencias, contradicciones. En la era neoliberal se estabilizó la economía, pero no se enfrentó la desigualdad. Se crearon pilares institucionales como la Defensoría del Pueblo, la Corte Nacional Electoral, que dieron legitimidad y confianza. Curiosa contradicción: se violó muchas veces los derechos humanos, hubo matanzas y abusos, a pesar de haber impulsado instancias tan fundamentales como la Defensoría; a la vez, se creó un sistema de pactos que secuestró la política para quienes tenían acceso a la Plaza Murillo. Bajo el principio de la representación partidaria, se impidió el ejercicio del poder a otras expresiones de la sociedad.

Y llegó el largo período del “proceso de cambio”. Hubo avances notables en crecimiento económico, sobre todo en redistribución, además de empezar a pagar la larga deuda de la inclusión simbólica y la rotación de élites. Pero rápidamente emergieron los vicios ocultos del relato de esperanza. Segunda curiosa contradicción: no sólo se violaron los derechos humanos como se hiciera en la era neoliberal con decenas de muertes responsabilidad de Estado, sino que se desmontó -o se cooptó según sea el caso- la red de instituciones de defensa de derechos humanos. Las lúcidas iniciativas del anterior período fueron instrumentalizadas y sometidas al discurso oficial perdiendo su esencia.

En lo político, se sustituyó la “democracia pactada” por un parlamento ornamental que sólo respondiera al mandato del nuevo patrón. Se construyó la idea del “jefazo”, como figura profundamente autoritaria que, bajo el argumento de que obedece a los “movimientos sociales” -que no son otra cosa que sus bases adormecidas con recursos públicos-, impone su voluntad a conveniencia. Se diluyeron las barreras entre los poderes hasta el límite de la vergüenza. Se creó un sistema de comunicación paraestatal que se sostiene con el dinero de todos pero refleja el sentir sólo de algunos.

Hoy la democracia está nuevamente en riesgo. Es extraña y juguetona la historia: parte de quienes fueron los herederos de las luchas pasadas, son los que se empeñan en matar el legado democrático. En el fondo la democracia les incomoda, y ahora queda claro que no es su vocación; nunca lo fue. Vamos hacia un régimen de partido único dentro del cual todos -y no sólo sus militantes- tengamos que optar por una u otra corriente al interior de su movimiento. El lema “somos mayoría” devino en un principio brutal de negación de la diversidad, del otro, del disidente, y carta blanca para imponer una agenda a todos.

Se excluyó el diálogo y se lo sustituyó por el estigma. Se ocultó la razón y se impuso la fuerza. Se diluyó la deliberación y se instaló la homogeneidad. Sistemáticamente, paso a paso, se desnaturalizó el espíritu democrático. Hoy se persigue y se aprisiona a los que denunciaron los excesos del gobierno. Se miente sin descaro, se roba sin castigo. Bajo el cobijo del poder y de las fuerzas del orden, se utiliza la Wiphala, que fuera símbolo de luchas, de diversidad, de esperanza, de resistencia, para golpear a quienes protestan con banderas blancas, en la puerta de la Asamblea de Derechos Humanos.

Las palabras son manoseadas al antojo del poder en una abierta transformación semántica, tal cual lo denunciara George Orwell refiriéndose tanto al nazismo como al stalinismo. Se llama “asesinos”, “golpistas”, a quienes lucharon por la democracia por décadas. Se les dice “fachos” a quienes han demostrado integridad política y que han construido las libertades que hoy gozamos. A muchos se los persigue, otros no pueden ni volver al país por riesgo a ser sometidos a un juicio a conveniencia de las autoridades. Se llama “golpe” a una movilización popular cuya demanda fue el respeto del voto en contra las expresiones de un régimen abusivo.

Hoy no existe el apego a la verdad; en una postura hiper posmoderna, los hechos son -o fueron- en la medida que conviene al relato del poder. Retomando lo peor del autoritarismo europeo del siglo pasado, la verdad sólo existe si es funcional. Ya lo decía Hannah Arendt: uno de los síntomas del totalitarismo es ocultar “las modestas -y molestas, añadiría yo- verdades de los hechos”; se trata de sustituir el consenso básico de los hechos y de la razón que permitiría un entendimiento primario, para poner en su lugar la emoción y la propaganda. Más triste: el eco totalitario que creíamos sepultado, ahora cabalga con entusiasmo y brío por los andes enfundado en el “socialismo del siglo XXI”.

En suma, la democracia es esa aspiración inestable que se debate entre las fuerzas que la impulsan y aquellas que la quieren destruir. Siempre está amenazada por muchos frentes, a menudo los más inesperados. Pero a pesar de todo, más allá de los espectros a quienes le incomoda, la democracia está ahí.

Termino con la reflexión que mi padre, Luis Suárez Guzmán, asesinado el 15 de enero de 1981, hiciera en septiembre de 1980: “El pueblo boliviano optó por la democracia porque veía en ella un camino de liberación, y para defenderla se enfrentó con temeridad y resolución contra las tanquetas (...). Ese pueblo que cansado de violencia, de pobreza, de injusticia social (...) creyó en la democracia y sin más armas que sus irritadas gargantas se enfrentó a quienes intentaron negársela (...). La fe del pueblo boliviano en la democracia tiene un contenido valiosísimo y alcanza, por su decidida manera de defenderla, ribetes testimoniales de ejemplaridad”.