El conflicto entre el Gobierno y la dirigencia de Santa Cruz, por la fecha de realización del postergado Censo Nacional de Población y Vivienda está lejos de solucionarse.
El Comité Interinstitucional Impulsor del Censo, en Santa Cruz, entregó su propuesta técnica que incluye un resumen ejecutivo y un respaldo legal al Ministerio de Planificación, en la que demuestra que la gran encuesta para recoger datos del país y su población es perfectamente factible de realizarse el año 2023, y no el 2024 como quiere el Gobierno central.
Pese a no tener toda la información requerida para hacer la propuesta, la comisión técnica cumplió puntualmente con su compromiso contraído con las autoridades nacionales con las que el Comité y otros representantes locales se reunieron el 15 de agosto. Lo que viene ahora es la instalación de mesas técnicas en Santa Cruz, donde se evaluará criterios sobre el documento.
La Comisión tiene el mayor interés para escuchar la respuesta del Ministerio y el Instituto Nacional de Estadística (INE) y, de ser posible, confrontar aspectos técnicos con ellos.
Uno de los elementos claves de la propuesta cruceña es la organización de actividades simultáneas, y no de forma secuencial, como plantea el gobierno, en el proceso de organización del Censo; esto es, que mientras unos socializan la boleta censal, otro equipo trabajaría al mismo tiempo en la actualización cartográfica y un tercero haría la licitación de equipos.
Sin embargo, el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, descartó que el Gobierno vaya a reunirse con las instituciones del comité interinstitucional cruceño. La autoridad confirmó que efectivamente recibieron la propuesta de la comisión técnica y anunció que la evaluarán con el INE, y apuntó que le llamó la atención que se hubiera tomado “casi un mes para poder realizar la propuesta”. Deslizó, de esa manera, que también ellos se tomarán un tiempo suficiente para responder de manera también técnica.
La semana recién pasada, la Asamblea de la Cruceñidad ratificó la convocatoria al cabildo del 30 de septiembre, en una reunión en la que se barajó varias opciones como nuevos bloqueos de carreteras y un paro departamental indefinido para forzar al gobierno a no dilatar el Censo hasta el 2024 y realizarlo en 2023. En estas dos semanas se recolectará propuestas ciudadanas que serán consideradas en el cabildo de fin de mes.
En la reunión se hizo referencia una vez más a la advertencia de que una postergación del Censo implicará un efecto directo en el desarrollo de la región porque si se lo hace el 2024 se tendría que esperar los resultados hasta el año 2026, y el aumento de recursos para las atenciones a salud, educación, servicios básicos y caminos quedarían igualmente postergadas.
Durante las intervenciones fueron muy notorios los llamados casi unánimes a radicalizar la posición cruceña ante la negativa del gobierno y, en ese contexto, surgieron propuestas preliminares para ir a un paro indefinido con bloqueos de carreteras.
En esas condiciones, con un gobierno que continúa anunciando para el 2024 el Censo, y una región que siente que no la escuchan en su pedido para hacer la consulta el 2023, a lo lejos parecen sonar tambores de guerra que anuncian nuevas tensiones. Ojalá tanto el gobierno como los líderes cruceños puedan encontrar un camino intermedio que evite más paros regionales, pero, también, imposiciones centralistas.
Es cierto que, en esta pulseta, Santa Cruz es minoría, dado que el resto de las regiones parecen conformes con realizar el Censo en 2024, pero eso no quiere decir que su demanda no debe tomarse en cuenta.
