Los representantes cívicos del país advierten con medidas de presión desde el 3 de octubre si no se abroga el Decreto Supremo 4760.

Los cívicos del país decidieron que el Censo Nacional de Población y Vivienda deba realizarse el 28 de junio de 2023 y advirtieron con el inicio de medidas de presión a partir del 3 de octubre si el Gobierno no abroga el Decreto Supremo 4760 que establece la postergación del proceso censal en 2024.

La posición fue asumida en una reunión del Concejo Cívico Nacional que se reunió en la ciudad de Trinidad. En ese encuentro participaron representantes de las diferentes regiones de manera presencial y virtual.

Uno de los puntos analizados fue la encuesta nacional prevista para 2024 y las acciones que comenzó el departamento de Santa Cruz al respecto como el cabildo del 30 de septiembre convocado en el Cristo Redentor.

Los cívicos decidieron participar de esa concentración con “sus propios cronogramas de medidas de presión hasta conseguir la realización del Censo de Población y Vivienda se realice el 28 de junio del 2023, por lo que exigimos, abrogación del Decreto Supremo Nº 4760”.

La norma en cuestión hace mención que el Censo se realizará como máximo entre los meses de mayo y junio de 2024, mientras que la Disposición Adicional Única establece que el Instituto Nacional de Estadística (INE) “establecerá la fecha específica” del Censo.

Sin embargo, los cívicos advirtieron que si el Gobierno no abroga la mencionada norma y no frena la “persecución política”  determinarán “el inicio de medidas de presión según cronogramas departamentales a partir del 3 de octubre, al concluir estas medidas se dará inicio al bloqueo de carreteras, fronteras e instituciones públicas a nivel nacional a partir del 17 de octubre del 2022”.

La postergación del Censo fue aprobada en el Consejo Nacional de Autonomías el 12 de julio en una reunión entre gobernadores de ocho departamentos –excepto Santa Cruz que no asistió– con el presidente Luis Arce en La Paz.

Posteriormente se cumplió en agosto un proceso de socialización del cronograma establecido por el INE en las ciudades capitales, además de El Alto. En todas las ciudades hubo respaldo y se decidió trabajar en un proceso técnico y despolitizado.

A pesar de aquello, diferentes instituciones cruceñas mantuvieron su posición para que el proceso censal se desarrolle en 2023 y ahora el 30 de septiembre habrá un cabildo donde se asumirán las acciones para que el Gobierno atienda su demanda. (Erbol)