Aclaran que la posición asumida por Gualberto Arispe responde a un criterio netamente personal al no haber sido analizada por los miembros de la bancada oficialista en la ALP.

Afirmando no compartir los criterios expresados por el jefe de bancada nacional del Movimiento al Socialismo (MAS), Gualberto Arispe, en sentido de exigir la renuncia de cuatro miembros del actual gabinete, el diputado oficialista, Juan José Jáuregui, sostuvo que estas declaraciones responden a posiciones absolutamente personales ya que la bancada del partido azul nunca abordó el tema.
En declaraciones a medios de prensa, el parlamentario oficialista aclaró que la posición asumida por su colega, responde a un criterio netamente personal y no fue analizada por los miembros de la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“No se hizo análisis de esta naturaleza para tomar una decisión en conjunto de todos los integrantes, diputados y senadores, de la bancada de MAS. En la medida en que esta posición sea absolutamente personal es respetable, todos tienen derecho a tener sus criterios”, sostuvo.
Jáuregui puntualizó que en ningún momento se convocó a una reunión en la que miembros del oficialismo sean consultados o se aborde el tema del gabinete de ministros, por lo que el pedido de destitución a autoridades del ejecutivo no cuenta con apoyo y se trata de una posición personal.
“No acompañamos esta posición siendo que somos orgánicos y no hemos hecho las consultas al interior de la bancada”, dijo.
Añadió que antes de emitir criterios, es preciso efectuar evaluaciones a todas los colaboradores del presidente, desde el momento en que inició la actual gestión de gobierno, evitando emitir criterios que distorsionen o busquen interferir en decisiones que son competencia privativa del primer mandatario, como la conformación de su equipo de trabajo.
“Creo que este tipo de evaluaciones pretenden distorsionar y de alguna manera deliberada involucrar y pretender inmiscuirse en las decisiones del presidente, deben ser objeto de consulta con todos los diputados, por ello consideramos que los escenarios para evaluación son las instancias orgánicas del MAS”, indicó.
Sobre versiones que advierten intentos por encubrir supuestos actos de corrupción en entidades estatales, el legislador afirmó que se debe esperar a que las investigaciones establezcan el grado de responsabilidad en todos los funcionarios involucrados en estos escándalos.
“Repudiamos los actos de corrupción y saludamos el que los procesos de investigación puedan brindar elementos que permitirán sancionar a malos funcionarios”, refirió.
El viernes, Gualberto Arispe, jefe de bancada nacional del MAS, exigió el alejamiento de cuatro ministros de Estado por estar relacionados con el supuesto “Plan Negro” que busca afectar la imagen del dirigente cocalero Evo Morales.
“Creo que tenemos dentro nuestro Gobierno nacional, ministros desubicados que están ahí en vez de hacer su trabajo, jugando sucio y engañando al presidente Luis Arce Catacora, por no perder su pega haciendo tonterías contra el Movimiento al Socialismo para desgastar la imagen de Evo y eso lo saben los militantes”, afirmó.
Adelantó que organizaciones sociales que conforman el partido gobernante oficializarán el pedido de destitución para estas autoridades en un próximo encuentro con el mandatario.
“Estoy seguro que nuestros sectores sociales van a observar de manera muy abierta esta actuación de algunos ministros que acompañan al presidente Luis Arce”.
Los ministros cuestionados por Arispe son los titulares de Defensa, Edmundo Novillo; de Justicia, Iván Lima; de Gobierno, Eduardo Del Castillo; y de Obras Públicas, Edgar Montaño, acusándolos de ser los directos responsables de este plan.
Consultado al respeto, el titular de Gobierno, Eduardo Del Castillo, evitó referirse a las acusaciones precisando que los ministros que conforman el gabinete están enfocados en la gestión.
Días atrás, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, descartó las acusaciones sobre la existencia de un supuesto “Plan Negro”, mientras que Lima calificó la elección magistrados, durante la gestión de Morales, como una “decisión política”.