La Asamblea de la Cruceñidad, convocada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, definió anoche rechazar la postergación del Censo de Población y Vivienda para el año 2024 y ratificó el cabildo departamental dispuesto para el 30 de septiembre, en el que se definirán medidas de presión.

La asamblea se sumó así a las decisiones de la III Cumbre Interinstitucional por el Censo, que el 2 de agosto definió convocar a cabildo ante la insistencia del Gobierno de postergar el censo.

La asamblea cruceña señaló que la “población se encuentra en estado de emergencia” por la postergación del censo, ya que ello implica que no habrá pacto fiscal ni asignación de recursos nuevos hasta 2026. La asamblea sostuvo que el Comité Nacional de Autonomías no tiene competencia para postergar el censo, por lo que esa decisión es inconstitucional.

En sus conclusiones, la asamblea definió implementar mecanismos de recolección de propuestas para el cabildo del 30 de septiembre, además de “rechazar enérgicamente la postergación del censo para 2024”. La asamblea convocó al cabildo del 30 de septiembre, en el que la población definirá las medidas para tener un censo oportuno y transparente.

En la asamblea, las instituciones cruceñas pidieron desde un paro general hasta el cierre de instituciones como planteamiento para el cabildo. El representante del Colegio Médico, Wilfredo Anzoátegui, propuso que, si el Gobierno no asegura que el censo será en 2023, se debe ir a un paro indefinido.

“Que se le pregunte al pueblo en el cabildo y vamos al paro indefinido, porque ya basta de que seamos burlados”, dijo. El gobernador Luis Fernando Camacho pidió que el pueblo cruceño sea parte de las preguntas que se van a hacer en el cabildo para que las decisiones que se tomen sean cumplidas por todos. “A veces la tibieza nos puede llevar al fracaso. Tenemos que ser firmes en las preguntas porque la voz del pueblo es la voz de Dios.

La Gobernación estará firme en todas las decisiones y no vamos a dar retro para nada”, dijo. Aseveró que es “la última oportunidad que tenemos” porque el Gobierno “no ha escuchado con un paro de 24, de 48. Tomemos las decisiones sin miedo”.

José Montero, de la Unión Juvenil, fue más allá y acusó al Gobierno de que trata a los cruceños como ciudadanos de segunda categoría. “Tenemos que decir que esto es lo que queremos y somos mayoría. Tenemos que seguir hasta conseguir nuestros objetivos.

La propuesta es que el censo se realice hasta el 28 de junio de 2023 y el pacto fiscal no puede pasar de diciembre de 2023 caso contrario se tomarán nuevas medidas indefinidas”, planteó.

Otras propuestas fueron el bloqueo de carreteras interdepartamentales, el cierre y toma de instituciones y cierre de fronteras. Édgar Álvarez, del sector gremial, dijo que los comerciantes se sumarán a las medidas que se decidan en el cabildo, pero que se debe tomar en cuenta a los que viven de sus ventas del día a día.

Piden medidas a nivel nacional

El dirigente de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Édgar Álvarez, pidió que las medidas de presión por el censo se realicen en todo el país y no sólo en Santa Cruz. José Serrate, presidente del Comité Cívico Provincial, aseguró que el Gobierno no tiene ningún interés en realizar el censo y pidió que las medidas de presión sean en todo el departamento, pero que también se convoque a las otras regiones. Planteó bloqueo indefinido. El presidente cívico, Rómulo Calvo, criticó a autoridades que reciben dádivas del Gobierno para callar. Se refirió a “alcaldes y rectores”, aunque sin nombrar a nadie específicamente.