Yo creo que sí, la democracia tal como la conocemos en Latinoamérica, en general, y en Bolivia, en particular, está fatalmente herida de muerte. La culpa la tienen los partidos políticos y sus miembros, sin importar su ideología (sean de derecha, centro o izquierda), debido a que la Constitución o Carta Magna de la mayoría de los países les concedieron demasiados poderes, pensando que ellos serían los verdaderos representantes de la diversidad de nuestros pueblos, porque ellos fueron elegidos por el voto popular. 

 Esta fue la gran falacia, ya que la realidad nos muestra que, en vez de representar al pueblo en general, representan: primero, a sus propios intereses; segundo, a los grandes poderes económicos, sociales y políticos (tanto nacionales como extranjeros) que los enriquecen; y, tercero, a sus bases de soporte (sindical, cultural y religioso) que los sostienen. 

 Este enorme poder que obtuvieron los gobiernos de turno  les permite controlar no sólo todo el aparato administrativo de carácter público del Estado, sino también los otros dos poderes, como ser el Legislativo y el Judicial, con lo cual llegan a concentrar un enorme poder, ya que terminan controlando la justicia, la Policía y, por último, las Fuerzas Armadas. 

 La consecuencia de todo esto son: la corrupción, el abuso del poder, la prepotencia, la persecución política y, finalmente, el sometimiento de la sociedad civil en su conjunto a sus más nefastos caprichos y exigencias.

  Entonces, ¿qué debemos hacer para recuperar la democracia? Debemos cambiar la Constitución Política del Estado para devolverle el control al ciudadano a través de sus asociaciones civiles organizadas (comités cívicos, confederaciones de empresarios privados, central obrera nacional, confederación de campesinos, confederación de pueblos indígenas, colegios profesionales, universidades públicas y privadas, y otras asociaciones sociales, culturales y deportivas).

Con que objetivo: 1. Ejercer el control sobre la elección de todo el aparato judicial (jueces y fiscales), que garantice la independencia y calidad de la justicia. 2. Ejercer el control sobre la elección del Tribunal Constitucional,  Órgano Electoral Plurinacional  y Defensor del Pueblo, que garantice el voto popular, los derechos humanos y el respeto a la Carta Magna. 3. Participar y controlar la gestión de toda la política de educación y salud en el país.

 4. Ejercer la supervisión y participación, en la gestión del gasto público, licitaciones y contrataciones de carácter público a nivel nacional, departamental y municipal. 5. Participar en la elección de ascenso/destitución de altos oficiales de la Policía y de las Fuerzas Armadas. 6. Participar y controlar en el manejo y conservación de los recursos naturales en todo el territorio nacional. 

Carlos Alberto Ibáñez Meier es doctor en economía.