El gobernador de Cochabamba, Iván Canelas, afirmó que no va a reconocer a Eduardo Mérida ni a Zacarías Jayta como alcalde de Quillacollo hasta que las autoridades judiciales emitan una decisión final. 

“La justicia es la que debe resolver este tema, no nos queda más. Mientras la justicia no diga a quién reconocer como alcalde, la Gobernación no va a reconocer a nadie”, sostuvo  Canelas.

 Ayer, el juez Fernando Villarroel, del Tribunal Primero de Sentencia  de Quillacollo, declaró rebelde a Eduardo Mérida  Balderrama, alcalde electo y quien  en dos oportunidades fue suspendido  de sus funciones. Fue declarado en rebeldía  porque no se presentó a la audiencia del juicio oral en su contra, por el caso denominado doble pago a funcionarios ediles. 

 “En estricta aplicación del Código de Procedimiento Penal  se declara la rebeldía del imputado Eduardo Mérida Balderrama”, dictó el juez Villarroel, quien también solicitó a Migración de Cochabamba un informe para saber si  continúa o no en territorio nacional.   Asimismo se  instruyó  la búsqueda y aprehensión de Mérida, la ejecución de fianza para cubrir los gastos de su detención. También se le designó un defensor de oficio.  

Cercanos a  Mérida informaron que éste se ausentó  debido a que viajó a la ciudad de Sucre, para presentar un recurso jurídico ante el Tribunal Constitucional,  con el fin de   denunciar la violación a sus derechos humanos al no permitirle retomar sus funciones como alcalde electo de Quillacollo.

 La mañana del jueves, luego de que la jueza Olma Rojas lo restituyera en el cargo, Mérida, acompañado por un grupo de personas,  llegó hasta la alcaldía de Quillacollo para asumir sus funciones, pero se encontró con las puertas cerradas con candado. Ante esa situación, anunció acciones legales “para hacer respetar sus derechos”.

Fue el alcalde suplente, Jayta,  quien   impidió el ingreso de Mérida,  con el argumento de que horas antes  el juez de Sentencia Penal y Liquidador 1, Elvis López, ordenó su segunda suspensión.  Esta disposición  legal se dio por la acción de cumplimiento de una condena de tres años y seis meses,  que intentó ser anulada el pasado viernes por la jueza Rojas.

Problemas en la coordinación 

En criterio del gobernador Canelas, el conflicto por la designación de alcaldes en Quillacollo está generando problemas en la coordinación para la ejecución de proyectos.  

“Hace una semana quería enviar una carta a Jayta por el tema del Centro de Drogodependientes, pero el lunes pensamos que ahora teníamos que mandar la carta a Mérida, ya no sabemos qué hacer. Al final,  decidimos esperar que esto se solucione, pero es algo que está perjudicando a todos”, dijo Canelas, quien agregó que la fiesta de la Virgen de Urkupiña no puede cancelarse por este problema político, informó Los Tiempos.