La loba, popular juego de cartas en nuestro país, utiliza la frase “quedarse con poca zona” para señalar que un jugador acumula puntaje negativo que lo coloca en riesgo de quedar excluido del juego. Una situación análoga a la de los deportes profesionalizados, como el fútbol, cuando un equipo tiene pocas o una sola oportunidad, porque si vuelve a perder irá al descenso.

En la escena política, los actores-representantes actúan bajo las cámaras y micrófonos de los medios de difusión tradicionales y las redes sociales digitales, viven y se expresan en términos algo diferentes pero que, al final, resultan de idéntico contenido a los de los juegos de azar, el deporte o la farándula, de manera que puede decirse, en cualquiera de esos códigos y sin faltar a la verdad, que la guerra interna del MAS está empujando al Gobierno a situarse demasiado cerca a quedar fuera de zona.

Un político novicio, como es el presidente del Estado, que siempre apostó a presentarse como técnico antes que dirigente político, ensaya a cambiar de piel, tentado, quizás, por volverse a presentar en una futura elección gracias a cifras favorables en los sondeos de aceptación y popularidad. Cuenta para ello con el apoyo de otros dos inexpertos en las ligas mayores de los profesionales políticos.

Eso le ha ganado soportar ahora un inclementemente bombardeo, proveniente de los más rudos y fogueados enemigos, dentro de su propio partido, ante lo cual se aferra con desesperación a su anillo de mayor confianza, es decir los ministros de Justicia y Gobierno, con la esperanza de que sus presuntas habilidades políticas le permitirán superar el asedio.

Sus esperanzas parecen tener poco asidero, porque el de Gobierno, acusado por el jefe máximo del MAS de proteger a bandas de traficantes de cocaína, no ha enfrentado la acusación y ha preferido soslayarla, manteniendo en su puesto al viceministro que habría ordenado impedir la intervención policial sobre una gigantesca planta industrializadora de cocaína en Chapare.

Su inacción es igualmente notable ante la seguidilla de irrupciones de comandos civiles armados y milicias clandestinas que actúan en disputas por tierras en Santa Cruz y, de manera más general, ante el desmoronamiento de la Policía. Se limita a cambiar periódicamente a jefes y comandantes, pero rehúye tercamente encarar el indispensable y profundo cambio de la institución.

La única medida de propia iniciativa que se le conoce es enfocar la atención policial en el control de vidrios ahumados de automotores, obligados a pagar un impuesto oculto, con lo que expone al régimen a un nuevo foco de irritación masivo por los ilegales pagos impuestos y por la exposición de los conductores a nuevas formas de extorsión.

El titular del Ministerio de Justicia, dedicado a consolidar que la administración de justicia sirva como policía política del Gobierno, ha renunciado, igual que su colega, a encarar la reforma de ese aparato, completamente carcomido por tratos y negocios con todo tipo de delincuentes, inclusive los más despiadados y crueles.

Los ministros preferidos del presidente son blanco principal en la guerra declarada por el jefe del MAS contra el Gobierno, el vice, el canciller, la alcaldesa de El Alto, amén de varios de sus exministros, devotos seguidores en el pasado y hoy, supuestamente, maquiavélicos actores de un retorcido plan militar contra Morales Ayma y sus más próximos cortesanos.

Durante el primer año de su mandato, el actual Gobierno cumplió fielmente las instrucciones del jefe del MAS, usando toda su fuerza propagandística y 1) convertir en golpe la insubordinación popular; 2) reforzar el uso del aparato judicial para reprimir y amenazar a opositores, descontentos y disidentes y 3) allanar el camino para lanzar la nueva candidatura de Morales.

Al quebrarse el pacto, aquello que en un inicio parecía una posibilidad remota empieza a tomar un cuerpo más vigoroso, ya que si la guerra continúa, al compás de los huecos y problemas del modelo económico y la desaceleración, el deseo del Sr. Morales Ayma por retornar al principal puesto de mando puede conducir al extremo de acortar el mandato del presidente actual y forzar un adelantamiento de las elecciones. No es ahora la tendencia central del proceso, pero las querellas oficialistas la empujan a avanzar.

Todo esto, sin participación alguna de la oposición política, relegada a espectadora, ante un juego donde el “estrechamiento de zona” se produce por la descomposición interna y las cada vez más feroces disputas de sus dirigentes.