Ha ocurrido, en el conflicto que mantenían los cocaleros yungueños legales con el Gobierno, lo previsible: las fuerzas del Ejecutivo han sido rebasadas y derrotadas, de tal modo que los productores de la hoja han quemado las instalaciones defendidas por pocas personas e inmediatamente se ha publicado un pliego petitorio que establece las demandas de los marchistas. 

Recordemos que es la segunda vez que este sector derrota al Gobierno y que, en consecuencia, habrá que esperar que no se desmovilice hasta conseguir lo que pide, otra vez a un Ejecutivo vapuleado y librado a conceder lo que le exijan, pese a que el Ministro sectorial repetía hasta hace poco que no estaban preocupados por la marcha cocalera, en tanto confiaban en las fuerzas policiales para mantener sólo con represión el funcionamiento del mercado ilegal, hoy arrasado.

Hasta el último momento, el MAS había cerrado filas tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo para mantener en funcionamiento el mercado ilegal de coca en Villa El Carmen, establecido por Arnold Alanes Omonte y sus partidarios, todos ligados a zonas cocaleras excedentarias e ilegales, pero que contaban con el respaldo del partido de gobierno. 

Los enfrentamientos callejeros se debían al establecimiento de un mercado ilegal o paralelo de la coca, instalado por productores de la hoja de zonas excedentarias o que están al margen de la ley sectorial; la normativa con respecto a la comercialización de la producción de la hoja solamente reconoce los mercados de Villa Fátima, en La Paz, y de Sacaba, en Cochabamba, como los dos únicos centros de expendio de este producto. Es redundante afirmar que cualquier otro centro de comercialización es ilegal.

No extraña, en consecuencia, que la primera demanda de los cocaleros legales sea, además de un diálogo para una necesaria pacificación, el respeto y cumplimiento de sus derechos, que se expresan en el lógico pedido de la emisión de un decreto supremo que ratifique que el único mercado legal, en La Paz, es el que funciona en la zona de El Carmen, en Villa Fátima, y que está bajo el control de los marchistas. 

No son exigencias menores la renuncia del Ministro sectorial que tan mal, y sin ningún tino, gestionó esta crisis que ha derivado en otra derrota para el gobierno del presidente Luis Arce, quien debería cambiar a ese funcionario, que no sabe manejar un conflicto, cuando tal es una de sus principales obligaciones. 

Tampoco pasa desapercibida la demanda de un proceso penal contra Alanes, quien ha sido derrotado por segunda vez y a quien la justicia tendría que pedir cuentas; pero, sobre todo, el Gobierno tendría que sacar de circulación a este “dirigente”, si es que no quiere verse comprometido por un tercer intento de establecer el mercado ilegal con el final cantado de siempre.

Los victoriosos cocaleros legales dejan establecido que se mantendrán en las calles e inclusive que hasta pueden masificar sus protestas y mantener sus movilizaciones hasta que el Gobierno cumpla todo lo que se le ha demandado, incluidas las reparaciones de su centro de expendio, la liberación de detenidos y la asistencia médica a los afectados por el uso de la fuerza.

Lo único pendiente es que el Gobierno cumpla estas exigencias, además de haber perdido autoridad, y todo por proteger la ilegalidad.