Este jueves por la tarde, el Instituto Nacional de Estadística (INE) se reunió con el Municipio cruceño en un taller de sociabilización del proyecto de Censo de Población y Vivienda. La actividad se desarrolló en el auditorio de la Quinta Municipal, con la presencia de "todo el equipo que está trabajando" en el departamento.

“Hemos intercambiado documentación; tanto el documento oficial de las estadísticas que viene manejando el INE, que son muy útiles para el Gobierno Municipal, como nosotros hemos hecho la entrega oficial, en digital, para que sea un documento editable, de la cartografía catastratal, que va a ser un instrumento que servirá al INE para el trabajo que vienen desarrollando para el censo”, manifestó Andrea Daza, secretaria de Planificación para el Desarrollo del Municipio.

Sabino Quisbert Flores, encargado departamental del INE, resaltó la coordinación con diferentes instituciones que permite generar una “cultura estadística en beneficio del departamento”. Indicó que, dentro de la etapa precensal, se vienen realizando talleres de socialización en diferentes distritos.

Daza anunció que se realizarán mesas de trabajo con los municipios cruceños afiliados a la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), con el objetivo de que estos también cuenten con sus cartografías catastrales y urbanas que, señaló, son la base para tener una cartografía censal.

El Municipio cruceño dejó de participar en el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo, en agosto pasado, cuando distintos representantes de organizaciones e instituciones cruceñas acusaron al alcalde de "haberse vendido" al Gobierno nacional y no representar los intereses del departamento.

El Comité Interinstitucional determinó llamar a un cabildo el próximo 30 de septiembre, para decidir las nuevas medidas que tomará para que el Gobierno acceda a realizar el censo en 2023 y no en 2024, como ha determinado mediante Decreto Supremo. De acuerdo con ese comité, existen argumentos técnicos que confirman que el censo puede realizarse en 2023, mientras que  la decisión gubernamental de que se demore un año más, responde a cálculos políticos.