Sería reduccionista explicar el rechazo a la propuesta constitucional chilena sólo desde una variable. Quienes han seguido todo el proceso para llegar a una de las elecciones más importantes de los últimos años en Chile, saben que el análisis debería pasar por considerar la desconfianza generada hacia el órgano constituyente, por dimensionar la movilizada campaña para el rechazo y por preguntarse de forma autocrítica qué faltó para que la gente conecte con la propuesta. No obstante, a mí me interesa sólo enfocarme en una pieza clave que fue determinante para lo que pasó: la desinformación.

Me interesa mucho este tema porque interpela no sólo al contexto chileno y considero que no deberíamos dejar pasar la oportunidad para tomar algunos aprendizajes. Lo que pasó recientemente en Chile fue la prueba latente del impacto que puede llegar a tener la desinformación en la vida cotidiana. La ONG Derechos Digitales y la encuestadora Datavoz realizaron una encuesta sobre la Convención Constitucional y revelaron que el 58% de las personas consultadas confesó haber recibido contenido falso sobre el trabajo constituyente.

No se trata de piezas aisladas que engañan a través de una cadena de WhatsApp o haciendo pasar por cierta una foto, una frase o un video; se trata de campañas orquestadas que instalan narrativas que van calando en la ciudadanía y trascienden de la escena virtual al discurso social de cada día. Discurso que se materializa en acciones concretas.

Mucha gente rechazó el texto convencida de que si lo aprobaba perdería sus bienes, haría desaparecer la bandera nacional, impulsaría el exterminio del país a través de la plurinacionalidad y avalaría el aborto hasta los nueve meses de gestación. Mucha gente votó impulsada por el miedo y se perdió el debate de ideas que la ocasión demandaba. Lo lamentable es que varios actores políticos fueron abiertamente impulsores de muchas de estas falsedades.

Este problema ya había sido detectado con anticipación, por ello el propio gobierno chileno lanzó una campaña comunicacional llamada “Vota Informado”, que contempló la distribución de más de 900.000 copias de la propuesta constitucional. Pese a todo, no caben dudas de que los esfuerzos no fueron suficientes. Tras el resultado, un periodista chileno me dijo que nunca vio con tanta fuerza la escalada de desinformación. Desde su punto de vista, ni siquiera se comparó con la avalancha generada por la pandemia de covid-19. Desde Bolivia esto se pudo comprobar pues mucha gente se alimentó de los bulos que circularon en Chile y ahora los cita como argumento para explicar lo sucedido en el país vecino.

La desinformación no es un problema nuevo pero es sin duda el conflicto de nuestra época por el boom digital en el que vivimos. Usualmente los periodistas buscan hacerle lance porque lo que menos quieren es contaminarse de rumores que les distraigan de sus agendas. Sin embargo, el desafío no es esquivar la desinformación sino confrontarla para blindar la calidad del debate público. Es vital entender que si existe y persiste es porque hay una red ciudadana que la comparte y la cree. Entonces conviene entenderla, complejizarla, desmentirla, estudiarla y combatirla.

Desde luego no es sólo responsabilidad de los periodistas o de los proyectos de fact checking el contrarrestar la desinformación. La batalla debe darse desde la alfabetización mediática de todos los usuarios que componen el ecosistema digital. No se trata de estar cada vez más en internet sino de hacerlo de forma responsable y crítica. También será clave el rol de las universidades tanto para ayudar a analizar el fenómeno como para formar cada vez mejor a estudiantes acorde a nuestras circunstancias históricas. Se necesita el aporte de todos y todas para dar batalla a los bulos. Ningún esfuerzo es innecesario porque como vimos, la desinformación no sólo puede ser invasiva, sino también peligrosa pues puede llegar a echar por la borda procesos claves en nuestra construcción social. Ningún esfuerzo es innecesario porque se trata de evitar que la mentira se imponga y reine.