El 29 de agosto de 1985 se dictó el DS 21060 y, justo un año después, el 29 de agosto de 1986, la Marcha por la Vida de los mineros arrió sus banderas y comenzó la dispersión de sus filas.

Un año bastó para definir el empate catastrófico de la transición a la democracia. A fuerza de dos estados de sitio, se impuso el modelo neoliberal y se destruyó el movimiento sindical minero, esencia de lo nacional popular.

El gobierno de la UDP, surgido de las luchas antidictatoriales del movimiento popular — obrero y campesino— durante 18 años, cayó en la trampa de la transición pactada: se le entregaba el gobierno mientras la oligarquía se guardaba el poder. Esa transición avaló la impunidad de los crímenes cometidos, cuyo clamor de justicia costó la vida a Marcelo Quiroga Santa Cruz, lección que paralizó cualquier acción futura; es la misma que arrebató el poder del soberano para definir la titularidad del ejecutivo desde el parlamento. La caída de Siles era un hecho previsible ante la falta de definición de la titularidad del poder y la crisis económica puesta en sus manos.

Heredero de la deuda externa, superior al PIB, el presidente Siles cumplió sus compromisos con el Banco Mundial y el Fondo Monetario, honrando la deuda y siguiendo sus recetas; una política monetarista que con sucesivas devaluaciones cargaba el peso sobre el pueblo y no sobre quienes se beneficiaron de los préstamos. Castigó a las empresas estatales exportadoras, imponiéndoles un tipo de cambio oficial, mientras sus transacciones internas las realizaban a tipo de cambio paralelo, 10 veces superior. La crisis económica, con traidores en su coalición, dio como salida el acortamiento de mandato. El fracaso de la UDP, por acción y/u omisión arrastró en su caída a todo el movimiento popular.

Sobre esta derrota se impuso el neoliberalismo. La democracia pactada dejó a un lado sus diferencias, Paz Estenssoro aplicó el plan que ADN había agitado en su campaña electoral: cierre de las empresas estatales, libertad de mercado y libre exportación, blanqueo de capitales y flexibilización laboral. El Estado protector y planificador desapareció. Serían las fuerzas del mercado las que determinarían el destino del país: en esta disputa, el que gana siempre es el que tiene más. Más de 150 empresas estatales fueron transferidas al sector privado, algunas solo para cerrarlas.

El principal objetivo del neoliberalismo fue destruir al movimiento minero, cuya acción había impuesto la nacionalización de las minas y el control obrero; los obreros no se cansaron de denunciar al Código Davenport, que entregó el petróleo a la Gulf Oil, la política monetarista de 1956, el Plan Triangular para destruir a la Comibol; se enfrentó a las dictaduras militares defendiendo la libertad e independencia sindical —rechazando coordinadores y relacionadores— luchando contra la presencia militar en los campamentos mineros, defendiendo su salario y su empresa. Esta lucha de resistencia se mantenía con propuestas políticas y económicas, la lucha por asumir responsabilidades con la cogestión administrativa de la Comibol, su lucha por las fundiciones y la industrialización del país o sus propuestas como la Tesis Socialista y la recuperación e implantación de una democracia directa y participativa.

El enfrentamiento de agosto de 1985 mostraba que el pacto MNR-ADN estaba empeñado en destruir el movimiento minero. La imagen que tengo de Lechín, patriarca del nacionalismo revolucionario, confinado en las orillas del Tahuamano, es símbolo de la derrota. Pasadas las primeras escaramuzas la clase obrera se preparó para la batalla definitiva que debía enfrentar con la acumulación de fuerzas nacionales en defensa de la patria. Así pergeñó un plan para salvar a la Comibol, propuso uno de emergencia que demostraba la viabilidad de la empresa estatal, propuesta que, avalada por las universidades, la Pastoral Social y muchas otras, se convertiría en el aglutinante para emprender la Marcha por la Vida, con 12.000 personas en la carretera Oruro-La Paz. El cerco militar, con tres divisiones del ejército, dio fin a la marcha y se inició el desandar de la gloriosa e histórica Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB).

Sus consignas de lucha antiimperialista y anticapitalista siguen siendo tomadas por el pueblo. Sus aspiraciones de libertad, democracia y socialismo perfilan un nuevo horizonte civilizatorio. Falta el sujeto histórico que, a fuerza de debatir y convencer, unifique, organice y luche contra los enemigos de siempre.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.