La Gobernación rechazó que “esto sea político”, considerando que “tenía la oportunidad legal de presentar sus incidentes y no lo ha hecho en el momento oportuno”, sostuvo la directora de Asuntos Jurídicos de la Gobernación, Patricia Sánchez

La represa Quecoma se entregó en 2010 en la gestión de Reyes Villa y demandó una inversión de 7,7 millones de bolivianos. Sin embargo, por las filtraciones denunciadas por los comunarios y legisladores del MAS, se sigue un proceso contra el entonces prefecto. En reiteradas ocasiones, la defensa del Alcalde remarcó que se trata de una “persecución política”. 

Tras dos suspensiones, la tarde de ayer martes se instaló la audiencia virtual para la resolución de seis incidentes presentados por la defensa para evitar que el proceso se siga ventilando en la vía ordinaria.

Sin embargo, “han sido rechazados, consideramos de una manera ilegal, ya que el tribunal considera que debía aplicarse una ley que da un plazo de 10 días para hacer estos reclamos; no obstante, se ha observado que esta ley no estaba vigente en el momento en el que se vulneraron sus derechos, es una situación bastante curiosa”, informó el abogado del alcalde, Ronald Pinto. 

Dijo que el tribunal fijó la audiencia de inicio del juicio oral para el 17 de octubre a las 8:30. “Nosotros vamos a demostrar que no existe ninguna responsabilidad (por parte de Manfred), esperemos que así sea, siempre y cuando la política no interfiera y no sean objeto de presión. Esperemos que el tribunal de sentencia pueda fallar de manera libre, sin ningún tipo de manipulación ni presión política”, manifestó.

“No es político”

La directora de Asuntos Jurídicos de la Gobernación, Patricia Sánchez, señaló que el rechazo de los incidentes presentados por la defensa del Alcalde, procesado en calidad de exprefecto, “no es político”.

“Tenía prácticamente dos oportunidades para presentarlas, uno en febrero de 2020 y otro cuando se instaló la audiencia señalada la vez pasada y él recusó a la presidenta del tribunal”, recordó. Por tanto, explicó, “él tenía la oportunidad legal de presentar sus incidentes y no lo ha hecho en el momento oportuno”. 

En este y en otros cuatro casos que entrarán a juicio oral, la Gobernación busca sentencias condenatorias tras la presentación de pruebas.

En el caso denominado Quecoma, Reyes Villa es acusado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por presuntamente realizar una modificación del contrato original de ejecución de la obra en 2009.

El MAS denunció las filtraciones

Tras una inspección realizada en julio de este año a la represa Quecoma, en el municipio de Sacabamba, legisladores del MAS, comunarios y técnicos de la Gobernación denunciaron la existencia de filtraciones que perjudican a más de 100 familias productoras desde hace más de una década.

Asimismo, los legisladores de la bancada Súmate visitaron el sector evidenciando la situación y exigieron una solución a las autoridades departamentales.

En este caso, los comunarios afectados exigieron que deben “caer” todos los responsables, incluidas las empresas que se adjudicaron la obra y los fiscales encargados de la supervisión.