El 28 de julio pasado, los Juristas Independientes presentamos al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la propuesta completa de reforma judicial vía referendo ciudadano, motivando una positiva expectativa ciudadana, pero también algunas reacciones gubernamentales impensadas.

Iván Lima, ministro de Justicia, apresuradamente, la ha calificado de “descabellada, inconstitucional y desfasada” y  ha intentado justificar sus adjetivos alegando que debe ser una Asamblea Constituyente la que trate la propuesta, y que la misma no alcanzará a concretarse antes de las nuevas elecciones judiciales. Veamos hoy lo de la “inconstitucionalidad”.

Parece que Lima no conoce la versión final de la propuesta, ya que ninguno de sus tres cimientos afecta las bases fundamentales del Estado, los derechos, deberes y garantías, o la primacía constitucional, que son los límites que señala el Art. 411-I de la Constitución para una reforma parcial. 

Nuestro primer cimiento, contrariamente a la opinión de Lima, busca la vigencia real de “los principios de independencia, imparcialidad y probidad” que, según el Art. 178-I de la CPE, sustentan la administración de justicia, y lo hace por la vía de acabar con el sometimiento del Órgano Judicial al poder político de turno, eliminando la intervención partidaria de la Asamblea Legislativa en la selección de postulantes, confiándola a una Comisión de Postulaciones independiente que califique exclusivamente méritos e idoneidades, conformando así ternas vinculantes para que la Asamblea haga una primera designación por 2/3, la misma que irá a referendo, manteniendo así el voto popular definitorio. 

Nuestro segundo cimiento busca concretar las dos garantías para la independencia judicial, que también prevé el párrafo II del mismo Art. 178: carrera judicial y autonomía presupuestaria. Planteamos inscribir en la Constitución el 3% como presupuesto judicial anual mínimo no negociable, y proponemos un nuevo Consejo de la Magistratura independiente y eficiente que administre bien esos recursos y que ponga en vigencia, después de una década vacía, la carrera judicial para que el poder político de turno saque sus manos no sólo de la cúpula, sino de todo el cuerpo judicial.

Y el tercer cimiento pretende lograr acceso para todos a la administración de justicia, como manda el Art. 115 de la Constitución, restableciendo el derecho de los pueblos indígenas a ejercer sus sistemas jurídicos (Art. 30-14 CPE) e instituyendo la justicia de paz que proyectó Bolívar en 1826, para que la mayoría de la población urbana deje de peregrinar entre jueces, fiscales y abogados.

¿Dónde está la inconstitucionalidad señor Lima? ¿Acaso usted hace sólo 21 meses no anunció una reforma parcial de la Constitución para encarar la crisis judicial? 

Es que no puede olvidarse tan rápido que fue este Ministro el que propuso reforma constitucional “contra viento y marea”, convocando a un consejo de abogados notables para que lo asesore, entre ellos al expresidente Rodríguez Veltzé y al exmagistrado José Antonio Rivera, los mismos que hoy denosta porque ellos, de mayor integridad personal e intelectual, persisten en que la reforma judicial debe darse vía reforma constitucional parcial.

Pero la conducta del Ministro fue para peor. Después de archivar su “reforma constitucional”, la sustituyó por una “mejora” de algunas leyes cuyo destino se desconoce porque, despuesito, sacó de la manga otra “propuesta” de seis ejes administrativos que tampoco ejecutó, ya que Diego García-Sayán, en febrero, hizo una radiografía-autopsia a la cadavérica justicia boliviana. Entonces, Lima dijo que cumpliría el “100%” de las recomendaciones de Naciones Unidas, lo que tampoco cumplió, ya que más bien postergó indefinidamente la cumbre convocada por el presidente Luis Arce y, asumiendo su fracaso, le pasó la posta “reformista” nada menos que al vicepresidente David Choquehuanca que, desprevenido, inició unos conversatorios en el “hall” de su despacho de poco contenido y participación y sin destino cierto.

Y mientras se distrae el Vice en sus “diálogos plurales”, Lima sigue en lo suyo: es el portavoz oficioso del Órgano Judicial, es quien anuncia los juicios y las sentencias, el que define la inconstitucionalidad de lo que no le gusta, el que le dice al Consejo de la Magistratura cómo y cuándo “institucionalizar” los cargos y, al parecer, él es quien dirige la persecución judicial de todo opositor o disidente.

¿Y la reforma? Nada pues, al menos nada desde el Gobierno. Por ello la significación de la propuesta de los Juristas Independientes que, ante la deserción estatal, han tomado la iniciativa desde la sociedad. Pero apareció el perro, el de la comedia de Lope de Vega, sí el del hortelano, que no come ni reforma, ni deja comer ni reformar.