El gobierno de Luis Arce vuelve a ser sacudido con una denuncia de corrupción que, esta vez, afecta a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y de forma indirecta al Ministerio de Obras Públicas. La denuncia fue presentada nada más y nada menos que por el diputado del MAS Héctor Arce, quien dio pelos y señales de la forma en que, supuestamente, la empresa china Harbour Engeering Company (CHEC) habría pagado una millonaria coima a 10 funcionarios de la ABC, entre ellos a su presidente, Henrry Nina, para adjudicarse la construcción de la carretera Sucre-Yamparáez.

Hay quienes dicen que esta denuncia obedece a las pugnas internas del MAS, lo cual puede ser cierto. En todo caso, sería una demostración de que la existencia de dos o más corrientes dentro del partido oficialista es saludable, porque de esa manera se abre una rendija para la transparencia en medio del manto de secretismo bajo el que se han ocultado sus asuntos los gobiernos del MAS.

Pero, eso no es lo más importante, lo verdaderamente relevante es el fondo de la denuncia presentada ante la Fiscalía, en la que el diputado Arce relata que los denunciados cobraron o pretendían cobrar un soborno de 18 millones de bolivianos, equivalente al 4% del monto en el que fue adjudicado el tramo carretero. Los señalados habrían hecho efectivo el cobro de un adelanto del 50%, es decir nueve millones de bolivianos.

Ante la acusación, la Fiscalía de Chuquisaca allanó las oficinas de ABC en La Paz, secuestró documentos y detuvo a algunos funcionarios. Como el caso inexplicablemente se declaró en reserva, no hay forma de saber quiénes ni cuántos son, pero se conoce que entre los aprehendidos está el ciudadano chino Jin Zhengyuan, representante de la empresa en Bolivia.

Arce asegura contar con pruebas como fotografías, chats de WhatsApp, el testimonio de un testigo protegido e incluso la hoja en la que Jin Zhengyuan, con su puño y letra, hizo los cálculos de cuánto iba a ser la coima.

Ante el escandaloso caso, el presidente de la ABC ya debería haber renunciado al cargo para someterse a la investigación desde el llano, tal como están pidiendo sectores del oficialismo y la oposición. Pero, por lo visto, va a necesitar de un empujoncito para tomar la decisión, que bien podría venir del presidente Arce o de la Fiscalía, en caso de encontrar evidencias en su contra.

Esta no es la única denuncia de corrupción que enloda a la gestión de Arce. Hubo otro sonado caso que terminó con el encarcelamiento del exministro de Desarrollo Rural y Tierras Edwin Characayo. Da la casualidad que tanto Characayo como Nina pertenecen al sector de los interculturales. Está claro que los sectores sociales no son la reserva moral del país y que, como cualquier otra persona, sus integrantes se corrompen, dejando mal parado al gobierno.