69 organizaciones de la sociedad civil exigen al Estado que se garantice la denominada Autonomía Indígena Originario Campesina Guaraní Chaqueño de Huacaya (Chuquisaca), en el marco del conflicto que hay en torno a ese proceso autonómico. También piden garantizar el trabajo de dos organismos que sufrieron amenazas.

“(Exigimos al Estado) apoyar y viabilizar el proceso autonómico de la Autonomía Indígena Originario Campesino Guaraní Chaqueño de Huacaya. Las autonomías deben ser un proceso allanado, promovido y alentado desde el Estado, como una forma de consolidar la democracia intercultural”, señala el pronunciamiento emitido.

Entre los organismos que suscriben el documento están la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, el Instituto Politécnico Tomás Katari, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, la Asociación Pro-Defensa de la Naturaleza, el Centro de Documentación e Información Bolivia, la Fundación Tierra y la Plataforma Nacional de Suelos para una Agricultura Sostenible.

En el pronunciamiento señalan que el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca) y la Fundación “Acción Cultural Loyola” (Aclo) sufrieron amenazas, en el marco de los conflictos suscitados entre el pueblo guaraní y la central campesina.

“La determinación asumida el lunes 22 de agosto por organizaciones sociales del Chaco chuquisaqueño (federación de campesinos, central de campesinos, Bartolina Sisa, comité cívico y sector productivo), a través de un ‘ultimátum’, define el retiro inmediato de ambas instituciones de la región del Chaco, además exigen la destitución total de todo el equipo del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático del Tribunal Electoral Departamental”, se lee en el documento.

En el pronunciamiento, las organizaciones firmantes piden al Estado que garantice a Cipca y a Aclo “el libre desempeño de su labor”, y que se adopten medidas para proteger y resguardar sus labores en la zona.

“(Exigimos) adoptar, de manera urgente, medidas efectivas para proteger y resguardar las labores de estas organizaciones defensoras en la zona”, señala el documento.