Sin rubor en el rostro por estar inmiscuyéndose en los asuntos de otro órgano del Estado, el ministro de Justicia, Iván Lima, anunció la institucionalización o titularización de 489 jueces que ahora ejercen en calidad de transitorios. “El primer paso para una reforma judicial es que el 100% de los jueces sean de carrera e institucionalizados”, dijo en una conferencia de prensa, acompañado de los consejeros de la magistratura, quienes deberían ser los llamados a hacer ese tipo de anuncios.

El tema de fondo es que los jueces que van a ser institucionalizados integran un Órgano Judicial que padece un cáncer en grado de metástasis y nada de lo que queda en él puede ser salvado. Eso lo sabe Lima más que nadie, por eso llama la atención que quiera institucionalizar a los jueces, a no ser que su interés sea atornillarlos en el cargo para que nadie pueda cambiar esta justicia manipulada, corrupta e indolente en el futuro.

Lo lógico sería que primero se cambie el mecanismo de selección de magistrados para que éstos, ya siendo personalidades idóneas y transparentes, procedan a hacer los cambios hacia abajo, como en una especie de cascada. La reforma que anunció Lima es exactamente al revés. Primero quiere institucionalizar a los jueces transitorios y luego ocuparse de otros asuntos estructurales de la reforma judicial, aunque tampoco señala cuáles serían esos pasos.

El anuncio es tan burdo que los únicos que podrán postular en este proceso de institucionalización serán los jueces transitorios, lo que significa que se institucionalizarán los actuales males de la justicia. “Vamos a sacar una convocatoria interna para que estos 489 jueces transitorios que tiene Bolivia tengan la oportunidad de poder postularse de forma específica y de forma singular van a ser los únicos que van a tener esta posibilidad”, dijo el presidente del Consejo, Marvin Molina.

El asunto además es de urgencia, pues el Gobierno y el Consejo esperan acabar con los jueces transitorios hasta octubre. No hay que olvidar que, si no se hace ningún cambio de fondo, el próximo año el país tendría que concurrir a las urnas para elegir a los nuevos magistrados, quienes llegarán cuando los jueces cuestionados ya estén institucionalizados en sus cargos y no podrán hacer nada para deshacerse de ellos.

Ésta es la manera más abierta y clara de decir que no quieren reformar la justicia, que tal como está este órgano del Estado, les sirve a sus intereses porque podrán seguir manipulando juicios y fallos a su antojo. Con esa transparencia deberían comunicar su decisión a todos los organismos internacionales que abogaron por una reforma judicial urgente en Bolivia, entre ellos el GIEI.