Ya no queda duda alguna sobre la estrategia aplicada por el Gobierno en lo que respecta al censo: persiste en imponer que el empadronamiento se realice en 2024, en vez de concertar con Santa Cruz, que hoy podría asumir nuevas medidas de presión para que el proceso se lleve a cabo en 2023. El Ejecutivo, mediante la Viceministra de Comunicación Social, ha asegurado que no hay discrepancias ni observaciones de fondo, una vez concluidas las mesas técnicas, sobre el cronograma del Instituto Nacional de Estadística (INE) para la realización de la encuesta nacional. 

El Gobierno ha buscado ganar tiempo con el fin de argumentar que ha consultado con las regiones y que todas coinciden en que el empadronamiento debe llevarse a cabo en 2024. De ese modo, quiere presentar ese “resultado general” para refrendar la decisión que tomó de postergar el censo, con el apoyo de un Consejo Autonómico mayormente compuesto por masistas.

Se han radicalizado tanto las posiciones, en cuanto a la fecha del censo, que cada vez se ve más lejana la posibilidad de encontrar un acuerdo al respecto. Santa Cruz, mientras tanto, evaluará hoy el incumplimiento del INE, que se había comprometido a facilitar información actualizada para complementar la propuesta cruceña, que considera viable ejecutar todas las tareas precensales para que el empadronamiento se efectúe en 2023. 

Además, crece la impugnación en la capital oriental y también se acortan los plazos del ultimátum que ha dado el gobernador Luis Fernando Camacho, quien considera que el oficialismo debe abrogar la prolongación del censo hasta los primeros días de septiembre, si no quiere que las nuevas protestas sean más radicales y se llegue inclusive a un paro indefinido. 

Las críticas se centran en que el Gobierno no quiere efectuar el censo porque en adelante se verá obligado a poner en práctica el Pacto Fiscal con las regiones, para evitar que el 80 por ciento de las recaudaciones impositivas sean absorbidas por el centralismo; también deberá redimensionarse la representación en la Cámara Baja, con un mayor número de diputados para Santa Cruz, que ha recibido mayor migración interna; posiblemente se tenga que aceptar que Bolivia no es un país indígena sino mestizo, debido a que gradualmente se reduce la autoidentificación de las personas con alguno de los pueblos indígenas nacionales y, finalmente, aunque no menos importante, las nuevas cifras posiblemente permitan determinar si el actual padrón electoral es real o si, por el contrario, está “inflado”, como han sugerido políticos que desconfían de ese registro de votantes, sobre el cual se han efectuado las elecciones que dieron como ganador al actual oficialismo. 

Sin un acercamiento ni argumentos técnicos que justifiquen la postergación, el Gobierno lleva el conflicto a un punto insostenible. Tal vez lo más adecuado sea establecer un puente al diálogo, con el fin de evitar más pérdidas e inestabilidad, pero lo que debilita este escenario es que el Gobierno impulsa la postergación, sin que Santa Cruz sea consultada al respecto, lo cual puede crear fuerte conflictos de carácter regional y nacional.