Cuando algo no se ajusta a la norma, sin importar el rango de esta, desde la Constitución Política del Estado, pasando por leyes, decretos, ordenanzas, reglamentos, hasta estatutos de organizaciones civiles, simplemente es ilegal, sin darle más vueltas. En cambio, cuando ese accionar así sea legal no cuenta con la aceptación social, desde la visión de lo correcto, ético o justo, simplemente carece de legitimidad.

Lo legal y lo legítimo son dos conceptos muy relacionados entre sí, pero que a su vez contienen profundas diferencias en su interpretación y en aplicación a los acontecimientos de la cotidianidad marcan pautas importantes en el comportamiento de las personas y, desde luego, de los grupos o colectivos sociales.

Lo legal claramente está relacionado con la ley, con lo que establecen las normas, con el derecho positivo, es decir, con aquello que está escrito y que, por tanto, es de aplicación obligatoria para todos quienes se encuentran bajo el mandato de esa ley.

Por su parte, lo legítimo, además de todo lo que se puede entender como legal, implica seguir un camino correcto, justo, auténtico, ético. Lo legítimo conlleva en sí un tácito reconocimiento social, del grupo, del colectivo, en el que se desenvuelve el sujeto y su accionar.

Cuando algo no se ajusta a la norma, sin importar el rango de esta, desde la Constitución Política del Estado, pasando por leyes, decretos, ordenanzas, reglamentos, hasta estatutos de organizaciones civiles, simplemente es ilegal, sin darle más vueltas. En cambio, cuando ese accionar así sea legal no cuenta con la aceptación social, desde la visión de lo correcto, ético o justo, simplemente carece de legitimidad.

De manera ordinaria ambos términos son usados muy frecuentemente cuando se trata de analizar aspectos de la convivencia social, como por ejemplo la representatividad de un determinado colectivo. Un problema frecuente en este tipo de situaciones suele ser que, si bien muchas personas se atribuyen o arrogan representatividad de sus colectivos u organizaciones gremiales o de otra índole, basadas en lo legal, es decir, en el cumplimiento de su normativa, carecen de legitimidad por diferentes razones.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas de 2017, en Bolivia existían en ese momento 11 mil periodistas en pleno ejercicio, con seguridad que a la fecha estos son muchos más, con mayor razón si vemos un incremento exponencial de medios digitales y de periodistas que usan como soporte las redes sociales.

El departamento de La Paz es el que concentra el mayor número de medios de comunicación en todo el país y esto con seguridad se refleja también en la cantidad de periodistas que trabajan en este departamento, principalmente en las ciudades de El Alto y de La Paz. Un cálculo inicial estima que alrededor de 5.000 periodistas cumplen labores de manera activa en 2022 en el departamento paceño.

Cuando 82 personas son las que eligen al nuevo presidente y, por tanto, representante y voz autorizada para hablar a nombre de ellos, sin importar de quién se trata, debe llamar realmente la atención. Puede ser que la elección haya sido totalmente legal, que sus normas se lo permiten, pero desde cualquier punto de vista es totalmente ilegítima, porque nadie en su sano juicio podrá aceptar ni menos reclamar representación del periodismo paceño cuando han sido 82 personas, menos de una centena, algo más de ocho decenas, las que han votado por ese representante, en un departamento que congrega en el trabajo diario de la prensa cuando menos a 5.000 periodistas.

Podrán argumentar, con argumentos leguleyos, un sinfín de razones que pretendan justificar que un grupo de 80 amigos, mucho menos de los que conforman una comparsa de Carnaval o una fraternidad, elijan a uno de ellos, con el rimbombante denominativo de presidente de los periodistas paceños, para hablar a nombre de todos los periodistas de este departamento, para lo cual obviamente contará con la amplificación oficiosa de los medios de comunicación que manejan también parte de sus amigos y trabajan el resto de ellos.

No es solo una burla, no solo cae en la ridiculez de su accionar totalmente sectario y político, sino que al margen de que sea o no legal carece de toda legitimidad. Así que esperemos que no salgan a hablar a nombre de los periodistas de La Paz ni menos del pueblo paceño, cuando su espurio origen presidencial nace del contubernio de un grupo de amigos.