Casi tres años después de la crisis de octubre y noviembre de 2019, los comités cívicos del país no tienen el mismo protagonismo de ese entonces. Con la excepción del Comité Cívico Pro Santa Cruz, que desde el 25 de julio de este año ha parado Santa Cruz varios días. Eso sí, como en 2019, las demandas regionales se enfrentan al gobierno del Movimiento Al Socialismo y, de nuevo, muestran a un país dividido en varias demandas, entre coyunturales e históricas, por la postergación por dos años del Censo de Población y Vivienda que debía llevarse a cabo en 2022.

Pero la política en Bolivia tiene otro componente que a veces se confunde, o bien, se pasa por alto: el de la gobernabilidad en lo nacional y subnacional, a lo que algunos autores han llamado “crisis de representatividad”, en el sentido que, a una debilidad estructural e histórica de los partidos políticos bolivianos, se suma la poca predisposición de los representantes políticos a la rendición de cuentas y agendas casi inexistentes entre representantes y electores.

En mi criterio, este no es el problema más grave en el sistema político boliviano. Considero que en Bolivia recorre un concepto errado sobre democracia, que se enfoca demasiado en elecciones, que se orienta demasiado a los Poderes Ejecutivos -repito, sin importar lo nacional o lo subnacional- y que solo agranda la brecha entre gobernantes y gobernados

Con consecuencias que para los bolivianos son quizás demasiado obvias: mal gobierno, corrupción, poca rendición de cuentas, poca confianza política y, más importante, puntos de referencia social sumamente debilitados. Aquí, los comités cívicos podrían ser una salida. Por supuesto, con algunas consideraciones.

Entendamos a los comités cívicos como movimientos sociales que interpelan al Estado por demandas regionales y articulan a sectores urbanos, aunque lo rural también forma parte. Para el caso boliviano, podríamos distinguir dos referentes: el movimiento regional cruceño y el movimiento regional potosino. Mientras el primero se forma con el Comité Cívico Pro Santa Cruz en 1950 (y se activa en las luchas por el 11% de regalías hidrocarburíferas hacia 1957), el segundo se institucionaliza hacia la década de los ´70, como producto del cambio de polos de desarrollo en el país, con el Plan Bohan de 1949. O sea, el movimiento cruceño tiene un referente en 1904, con el “Memorándum de 1904. Dirigido al H. Congreso y a la Nación sobre las ventajas del ferrocarril oriental”, que es la base ideológica para la creación de instituciones como el “Comité de Obras Públicas”, la “Corporación Regional de Desarrollo” y, más importante, el Comité Cívico Pro Santa Cruz; mientras que el movimiento potosino se forma porque el modelo de Estado de 1952 en adelante, utiliza los excedentes de la minería potosina para fortificar el desarrollo del país -no reinvierte ese excedente en Potosí- y luego consolida un modelo de Estado que no beneficia a regiones periféricas como la potosina. Si bien son movimientos regionales casi paralelos, en realidad revelan diferencias enormes: ambos, cruceño y potosino, abogan por un modelo de Estado como movimiento social, pero de tonos distintos. El movimiento regional cruceño aboga, sobre todo, por un “modelo autonómico” -a veces por la descentralización, federalismo o bien, independencia-, donde la planificación económica es nuclear, mientras que el movimiento regional potosino es sobre todo “estatista”, en el sentido que, si bien confronta al Estado nacional, demanda mayor reinversión y presencia estatal. Al mismo tiempo, el movimiento regional cruceño tiene un fuerte énfasis en la identidad cruceña y está articulado a partidos políticos; el movimiento regional potosino, además de estatista, tiene una composición notablemente popular, donde juntas vecinales y mineros son protagonistas.

Ahora, si se habla de movimientos regionales bolivianos lo predominante es más bien el movimiento regional potosino: porque son movimientos regionales conformados predominantemente por lo popular (aunque se integra también la empresa privada), no articulados a partidos políticos, sin una preferencia por un modelo de Estado, donde lo identitario no es central pero sí elementos históricos, que pueden ir desde la minería, la “capitalía” o la “unidad”. (Carlos Hugo Molina y Claudia Peña han estudiado mejor el caso cruceño, mientras que Edgar Iñiguez y Franz Flores el caso potosino, Ever Romero el caso chuquisaqueño, y Roberto Laserna el caso cochabambino).

Desde el MAS y la izquierda boliviana se dice con frecuencia que el movimiento regional es conservador, mientras que, al otro lado, los comités cívicos son entendidos como espacios de resistencia, frente al Estado (o bien, centralismo). Ambas son concepciones que irían en perjuicio del movimiento regional como tal, pero más importante, para la democracia. 

Primero, lo que está implícito en el movimiento regional es una democracia de tipo directa. Segundo, que, si se trata de una democracia directa, se trata de deliberación y consenso, pero también de un contrapoder. Sin embargo, hay distintas formas de democracia directa, y uno de los peligros para la democracia directa es el énfasis en el colectivismo, es decir, que el consenso esté sometido a un “todo mayor”. Benjamin Barber, en “Un marco conceptual: política de la participación” lo advierte: si la democracia representativa tiene la debilidad de alienar la voluntad política, la autonomía y el autogobierno a través del sufragio, una democracia directa en la que el individuo y sus intereses estén sometidos a una colectividad simbólica, deriva en conformismo social y subordina la participación política a una abstracción impersonal. O sea, una democracia directa fuerte y participativa -que es una contrademocracia, en vez de un pedido por abolir la democracia representativa como tal- permite la autonomía política, individual y/o grupal, a través de un proceso continuo de participación ciudadana, de autolegislación continua, que permite que el individuo por, su libertad, ejerza su ciudadanía plenamente.

Tanto en “El Buen Gobierno” como en “Democracia y Desconfianza”, Pierre Rossanvallon explica esto de la contrademocracia y la autoinstitución de la sociedad. En principio, la democracia es institucionalización de la confianza pública que, al mismo tiempo, es la expresión social de una desconfianza, lo que el autor llama “tensión democrática”. Y la respuesta a esta tensión se da en dos vías, a través del sufragio y de los poderes indirectos, que son poderes diseminados en el cuerpo social que ejercen vigilancia, prevención y juicio sobre lo público. Por otro lado, Rossanvallon explica que la democracia representativa termina inevitablemente en la “presidencialización de las democracias”, que es igual a que lo que entendemos como democracia, es en realidad una “democracia de autorización”: poderes ejecutivos que centralizan decisiones sobre otros poderes, y que anulan o debilitan los puntos de referencia sociales.

El caso boliviano se asemeja más a una “democracia de autorización” que a una “democracia de apropiación”, que Rossanvallon especifica también como “democracia de confianza”, donde la confianza pública se restablece por la transparencia, la responsabilidad política, por un gobierno interactivo, la veracidad y la integridad. Es decir, uno en el que la democracia representativa conviva con una democracia directa participativa, que no fomente la cooptación y respete la autonomía política.

Entonces, ¿qué papel podrían jugar los comités cívicos para salvarnos de la “democracia de autorización”? Con reformas, el de instituciones independientes que se preocupen por el funcionamiento democrático, por el buen gobierno, y por el control ciudadano. Existen experiencias previas: las “Asambleas Ciudadanas” en Ontario en 2007, los Teknologi-rådet en Copenhagen en 1986 (paraparlamentarismo para discutir las consecuencias de la tecnología, la Commission Nationale du Débat Public en Francia en 1995 o el Instituut Samenleving en Technologie en Bélgica en 2000. Todos institutos independientes -algunos con miembros elegidos por sorteo- que debaten políticas públicas y, en consenso, desarrollan agendas que los legisladores recogen. Si Bolivia quiere salir de la desconfianza pública y apuntar a un mejor gobierno, la democracia directa desde instituciones independientes es la salida, y seguramente los comités cívicos podrían jugar un papel protagónico en esto.