El Movimiento Al Socialismo (MAS), y en particular su jefe y ahora precandidato a la presidencia en 2025, Evo Morales, no admite que en una futura elección Bolivia pueda decidir por otro proyecto político y está visto que hará lo que sea necesario para que eso no ocurra. Sin embargo, entre muchos escollos tiene uno que desde octubre de 2019 le quita el sueño: Santa Cruz.

Si hay alguna duda de ello, basta revisar los discursos que se pronunciaron el pasado jueves en la marcha de funcionarios públicos y sectores sociales movilizados en La Paz con el argumento de proteger al presidente Luis Arce de una amenaza que no existe más que en el discurso de quienes huyeron del país justamente en 2019 y que ahora buscan desesperadamente retornar al poder.

“El pueblo le está diciendo aquí, a esta derecha fascista de Santa Cruz: carajo, el pueblo se respeta; el censo se respeta, carajo. Acá está el pueblo”, gritó, por ejemplo, el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, uno de los muchos dirigentes que hicieron uso de la palabra.

Huarachi dejó hace mucho tiempo de defender a los trabajadores para convertirse en un operador político del MAS y, en esa condición, sostiene el discurso oficialista de que los afanes golpistas vienen nuevamente de Santa Cruz. Nuevamente, porque para ellos en octubre de 2019 hubo un golpe que también se originó en esa región, encabezado por el actual gobernador y entonces dirigente cívico Luis Fernando Camacho.

Huarachi olvida que entonces pidió la renuncia de Evo Morales, cuando todo el país, no solamente Santa Cruz, se encontraba movilizado, no para dar un golpe, sino en rechazo al fraude electoral denunciado por la OEA y en defensa del voto que Morales arrebató a la mayoría de los bolivianos que en febrero de 2016 rechazaron su repostulación indefinida.

Volviendo al acto, luego de Huarachi, el vicepresidente David Choquehuanca insistió en que “nuevamente hay voces que hablan de un otro golpe de Estado” y el presidente Luis Arce complementó que se trata de “la derecha” que actuó en 2019. “Eso jamás vamos a permitir, sobre nuestro cadáver un golpe de Estado”, sentenció. En este caso, Arce olvidó que en 2019, al igual que Morales y la cúpula masista, no dio el pecho al supuesto golpe y huyó del país, algo que ahora sus propios militantes le reclaman.

En el imaginario oficialista, la derecha cruceña no solamente usa el censo para desestabilizar la gestión de Arce, sino que además financia la movilización de los cocaleros de los Yungas que hace un mes se movilizan en La Paz pidiendo que se cierre un mercado ilegal de coca instalado por el masista Arnold Alanes. El sustento de su denuncia: la presencia de Camacho en un cabildo de Adepcoca en noviembre de 2019, cuando las movilizaciones que pedían la renuncia de Morales se habían extendido y era lógico que los grupos movilizados unan fuerzas.

Lo que en realidad intenta el oficialismo con estos mensajes de advertencia sobre un presunto afán golpista impulsado desde el oriente es cohesionar a sus bases para frenar la exigencia cruceña de un censo en 2023 y de esta manera dilatar el proceso que modificaría la distribución de escaños y de recursos con seguro beneficio para esa región, a la que gran parte de los bolivianos migran en busca de mejores días.

Y lo hace porque hasta ahora no funcionaron las maniobras de contención del dirigente cobista Rolando Borda, ni las del ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, quien comanda grupos de choque para frenar las protestas cruceñas. Lo último fue la acción conjunta con el alcalde Jhonny Fernández, pero su autoatentado y su cuestionada compra de computadoras de la estatal Quipus implicaron un retroceso más que un avance para el MAS.

Por eso la preocupación y las demostraciones de fuerza como la del jueves, porque Santa Cruz es la piedra en el zapato de las ambiciones prorroguistas del oficialismo, porque aún no ha encontrado la fórmula de neutralizar a esa región.