La diputada por la agrupación Creemos, Laura Rojas Ayala, denunció al gobierno del presidente, Luis Arce Catacora, por intentar encaminar un Censo Nacional de Población y Vivienda fraudulento, politizando el proceso y ocultando información a todas las instituciones que se ofrecieron a colaborar técnicamente en su ejecución.

“Nosotros denunciamos desde el primer momento, que el Gobierno nos estaba mintiendo, que estaban haciendo un censo fraudulento. Hoy todo esto se evidencia. Nosotros vamos a seguir exigiendo un censo oportuno y transparente”, afirmó la diputada.

“Esta es una herramienta de planificación para todas las regiones”, explicó Rojas, quien agregó que “Santa Cruz está en emergencia” y por ello no descarta medidas de presión. El 3 de septiembre se cumple el plazo para que el gobierno plasme su compromiso para realizar un censo oportuno y transparente en 2023.

Ante el hermetismo de autoridades al momento de afirmar o descartar la posibilidad de adelantar la medición nacional para el próximo año, el senador Rodrigo Paz Pereira, aseguró que de llevarse el Censo el 2024 los resultados recién se conocerán hasta el 2027 o 2028, por la lógica electoral hasta la instalación del nuevo Gobierno.

Desde el Ejecutivo se insiste en que la mejor forma de sacar adelante la actividad censal y alcanzar consensos es mediante la socialización del proceso a través de las mesas técnicas. “A la cabeza del INE continuamos con la socialización del proceso censal y venimos demostrando que es posible despolitizar este proceso y de esa manera fortalecerlo”, afirmó el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, tras su reunión con autoridades de la ciudad de Sucre.