Pasan los meses y el asunto va quedando en segundo plano. Ya nadie quiere hablar de tal vez el asunto más fundamental de cuantos tenemos entre manos en Bolivia: La reforma de la Justicia.

A la fecha, prácticamente nada de lo que emana de los Tribunales tiene credibilidad, y eso en sí mismo constituye la más grave amenaza para la democracia. Si la Constitución es papel mojado, si al más alto nivel se evidencian sentencias claramente torcidas, ¿Qué no sucederá a nivel de calle? ¿Qué no padecerán las familias más humildes?

Este mismo año se llegó a un punto muy álgido con la constatación de que los contubernios de jueces, abogados y fiscales podían llegar a negociar las salidas de prisión bajo cualquier pretexto de los asesinos y violadores más despiadados a cambio de un puñado de dólares. Ni siquiera muchos que diría aquel. El caso de El Alto, con el asesinato de dos jóvenes mujeres a manos de un asesino condenado, pero que estaba libre sin vigilancia por obra y gracia del sistema, pareció un parteaguas, la indignación recorrió la columna vertebral del país, las familias, e incluso las autoridades articularon una comisión para revisar otros casos similares, que se identificaron por docenas, pero cuando todo parecía que definitivamente iba a estallar, se volvió a la calma y al mirar para otro lado.

Hasta ese enero se daba por descontado que las logias del derecho actuaban en los casos de políticos, que rara vez ponían un pie en prisión, e incluso se toleraba con resignación los casos de abusos de las grandes o pequeñas empresas contra “los nadies” que alguna vez los denunciaron; se “permitía” creer que había una suerte de obligación en “aceitar” un proceso, poner unos pesitos para agilizar… pero aquello fue demasiado. Y al final, no tanto.

La reforma de la Justicia ha entrado en una vía muerta de la que ya ni siquiera los opositores quieren hacer bandera y prefieren quedarse en los análisis y estudios de situación que, evidentemente, dan cuenta del estado calamitoso de todos los agentes que intervienen en el proceso desnudando la politización.

Las comisiones exprés han fracasado en el intento de proponer una hoja de ruta de cambio precisamente por los muchos intereses políticos en juego y la poca predisposición del estamento a revolucionarse. Es posible que los de dentro no sepan ya hacer las cosas de otra manera y por ende, hay que empezar la revolución en las casas de estudios superiores, pero no solo, porque los plazos apuran.

Abrir el debate en un tiempo de marcado populismo ambiental implica tener claro que el sistema garantista donde la rehabilitación está en el centro del proceso auspiciado por la cultura católica del perdón y la redención va a dejar el espacio a la venganza como método, lo que va de la pena de muerte y la castración química al derecho a portar armas.

En Bolivia se tiende a simplificar la complejidad del problema cuestionando la elección directa de jueces, lo que más bien debería ser parte de la solución y no del problema a poco que el proceso de selección de candidatos no fuera tan dogmático.

Sea como fuere, la reforma de la Justicia exige un profundo cambio cultural y probablemente un Pacto de Estado que salvaguarde los pilares esenciales. El Estado de Derecho existe para controlar al poder, no para controlar al ciudadano, su perversión supone alterar las reglas del juego democrático. Hace tiempo que caminamos en penumbras y eso, desde luego, no ha traído nada bueno a la estabilidad del país.