La idea del gobierno de Luis Arce de un “Censo con consenso” avanza sin mayores tropiezos, aunque con algunos matices. Entre el martes y el miércoles, la reunión técnica de socialización que recorre el país se cumplió en Chuquisaca y Potosí, respectivamente.

En los hechos, salvo contadas excepciones, Santa Cruz se está quedando sola en su reclamo de un censo para 2023, como contraposición al Decreto Supremo 4760 que lo difirió para 2024.

En general, en todas las mesas de trabajo encabezadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) se coincidió en que el cronograma de la labor censal debe seguir un derrotero técnico y no político. Dentro de esta lógica, también en la necesidad de llevar adelante una óptima actualización cartográfica. Tanto esto como aquello parece, desde todo punto de vista, una posición sensata, de la que ningún departamento debería apartarse.

Y, en lo que respecta a la fecha, si bien el Gobierno no ha logrado que todos se alineen expresamente al referido decreto (el consenso propugnado como eslogan), se puede decir que no hay mayor oposición en ese sentido.

En los casos específicos de Chuquisaca y Potosí, las universidades públicas de San Francisco Xavier y Autónoma Tomás Frías, respectivamente, han asumido compromisos con miras a las tareas prácticas de los censistas.

La diferencia más importante entre ambos departamentos es que Chuquisaca sí respaldó la realización del Censo en el mayo o junio de 2024, mientras que Potosí no llegó al punto de apoyar abiertamente ninguna fecha.

En ambas reuniones, el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, habló de la intención de obtener “datos de calidad”, para beneficio de las poblaciones de los dos departamentos. Asimismo expresó el objetivo de despolitizar este proceso, presentar el nuevo cronograma y fortalecer su organización.

No dejó de llamar la atención de corporaciones y de políticos opositores que estos encuentros se limiten a determinadas instituciones, dejando al margen, por ejemplo, a la empresa privada y otras organizaciones destacadas de la sociedad.

Con la reunión de este martes en la Villa Imperial, se han completado nueve en todo el país. Oruro, Pando, El Alto y Chuquisaca se manifestaron a favor de que el Censo sea en 2024, mientras que Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, La Paz y Potosí se opusieron a firmar el acta con ese año, lo cual no implica que en todos estos casos tuvieran una postura cerrada a favor de otro año.

Desde este espacio editorial, hace varias semanas le hemos tomado la palabra al vocero presidencial, Jorge Richter, que, en declaraciones a CORREO DEL SUR, adelantó al país que el Gobierno busca “construir” la fecha del Censo en forma conjunta, es decir, entre todos los departamentos de Bolivia.

La tarea, sin lugar a dudas, no es fácil. Las diferencias de opiniones forman parte de la cotidianidad en toda sociedad, y menos debe extrañar en un país como el nuestro, donde hace varios años convivimos con la polarización política.

En ese marco, los regionalismos están de más en actividades de suma importancia como un censo nacional. Ya lo hemos dicho en diferentes oportunidades: sea cual fuere la radiografía que surja del próximo Censo, todos los departamentos deben ser tomados en cuenta con equidad, atendiendo sus respectivas necesidades, porque cada uno las tiene: tanto los mayores receptores de población como los grandes expulsores de habitantes. Si va a haber redistribución de los recursos económicos, así como también de escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional, pues, que sea sobre un criterio racional, sin favoritismos ni apasionamientos. Se debe buscar, por todos los medios, que las urgencias de unos no signifiquen el perjuicio de otros.

Es de esperar que los fundamentos técnicos primen frente al cálculo político, que hoy en día puede presentarse en forma de sigla partidaria o de intereses regionales, con miras a futuras elecciones.

Por eso la etapa preparatoria del Censo, que requiere necesariamente de una nueva cartografía y de la resolución de conflictos de límites en varias regiones del país, exige un trabajo serio, que no puede hacerse de la noche a la mañana, pero tampoco postergarse más allá del tiempo aconsejable. Que el consenso para el Censo sea real y no ficticio, técnico y no político.