Las cuatro preguntas del referéndum constitucional, propuestas por un grupo de juristas independientes, están desde hace más de 10 días bajo la lupa del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), una entidad especializada del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que debe hacer “el control de legalidad” de esta iniciativa legal ciudadana.

“Estamos esperando este control de parte del TSE. Se está avanzando, pero con lentitud, para aplicar la reforma en 2023 en la próxima elección de magistrados”, explicó a EL DEBER Juan Del Granado, exalcalde de La Paz y uno de los abogados que promueve la reforma judicial a través de la modificación de 15 artículos de la Constitución Política del Estado. 

Explicó que ayer presentó un memorial dirigido a las máximas autoridades electorales para saber en qué estado se encuentra el trámite. “El Tribunal Electoral tiene un reglamento aprobado en 2013 para los referéndums de iniciativa popular ciudadano y ha puesto plazos breves y relativamente sumario que no debería durar más de 20 días hábiles, luego de la presentación formal de la propuesta”, explicó Del Granado y recordó que fue el 28 de julio el día en el que entregaron todos los documentos exigidos por ley ante el TSE para viabilizar la reforma a través de una consulta ciudadana.

La primera pregunta propuesta es para saber si la población está de acuerdo con una reforma parcial de la Constitución, de manera que se garantice “una justicia con jueces y magistrados independientes, imparciales, transformando radicalmente la selección y designación de esas autoridades, sobre la base de comprobación pública de su capacidad de la idoneidad y la probidad de los postulantes” a altos magistrados.

El proyecto de referéndum prosigue con la consulta sobre la incorporación constitucional del 3% del Presupuesto General del Estado en favor del Órgano Judicial y que éste sea administrado por un Consejo de la Magistratura reinstitucionalizado. En la actualidad, la asignación de recursos está debajo del 1% y es aprobado desde el Ministerio de Economía.

En la tercera pregunta se pide la anuencia del elector para reformar la Constitución “para garantizar que naciones y pueblos indígena, originarios, campesinos resuelvan sus conflictos jurídicos en el marco de aplicación de su derecho consuetudinario”. 

El grupo de juristas que trabajó en esta propuesta halló serias deficiencias en la aplicación de la justicia indígena por la generación de leyes “más tradicionales” que no reconocieron los avances, por ejemplo, de la Ley de Deslinde Jurisdiccional que se presentó como uno de los logros de la Carta Magna, vigente desde 2009.

En la última pregunta se plantea esa reforma parcial de la Constitución “para crear la justicia de paz, con jueces de paz en cada barrio de las ciudades que puedan resolver de manera oportuna, pronta y efectiva los conflictos menores, sobre la base de la equidad, evitando la retardación de justicia, evitando los gastos innecesarios”.

Una vez que la propuesta pase la evaluación del Tribunal Electoral y supere el control del Tribunal Constitucional, se requiere reunir las firmas del 20% del padrón electoral, cifrado en algo más de siete millones de electores para 2020; es decir, se deben juntar al menos un millón y medio de rúbricas para activar el referéndum.

Del Granado afirmó, en ese marco, que si el Legislativo, donde el MAS tiene mayoría, no hace la convocatoria para esta consulta constitucional, el TSE tiene toda las posibilidades legales para eso.

“El primer filtro estatal es el TSE; no es que esa entidad vaya a aprobar la propuesta; la somete a un control de legalidad. La Ley Electoral, la 026, establece en su artículo 14 no pueden ser sujeto de referéndum aspectos como límites entre departamentos, derechos fundamentales e impuestos entre otras temáticas”, afirmó.

El TSE, por su lado, comenzó a preparar el presupuesto para la elección judicial que se debe realizar en 2023. La vicepresidenta del TSE, Nancy Gutiérrez, en un corto contacto telefónico con EL DEBER, dijo la pasada semana que el tema está en análisis. Ayer no contestó el llamado ni mensajes requeridos por este medio.

“Vamos a insistir, porque mientras no nos digan nada, tenemos que insistir, pero, sobre todo, haremos los reclamos que correspondan, porque definitivamente este es un derecho que tiene la ciudadanía. Creemos que es lo correcto”, señaló por su lado la abogada Audalia Zurita, quien es parte del grupo de juristas que trabajó en esta iniciativa legal.

La crisis del sistema judicial golpea al país desde hace varios años, pero en el curso de los últimos dos se ha profundizado en un contexto de crisis política y social.
“Persiste el uso abusivo del sistema penal, a través de la detención preventiva como un mecanismo extorsivo.

 Además, el Tribunal Constitucional, al que se observó su exceso competencial, a mi juicio, ha generado varias de las crisis políticas del último tiempo”, apuntó el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé en una entrevista que publicó EL DEBER.

Además, según precisó el exmandatario, el Tribunal Constitucional cometió dos decisiones “funestas”. La primera, explicó, “el fallo que autorizó una reelección por considerarla un derecho humano, lo cual ha sido desmentido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos” y, la otra, el comunicado “que da por bien hecha la sucesión de la senadora Jeanine Añez”. “Fue otro tropiezo gravísimo y atribuyo a ese Tribunal una alta responsabilidad en la crisis política y también al Ministerio Público y al fiscal general del Estado”, subrayó Rodríguez Veltzé.