Las opiniones surgieron a propósito del tema de “Reforma judicial en Bolivia: escándalos, tropiezos y propuestas”, desarrollado en la revista jurídica Tribunales de CORREO DEL SUR, donde se hizo un repaso de este proceso a partir del informe del relator de la ONU Diego García-Sayán.

En 2020, en el inicio del nuevo gobierno, el ministro de Justicia, Iván Lima, expresó su voluntad de encarar una reforma judicial con la conformación de un Consejo Consultivo, pero después de una primera reunión fue desautorizado por el Gobierno y ese consejo se desintegró, recuerda el abogado y exmagistrado José Antonio Ribera.

Como una nueva estrategia para la reforma, Lima propuso modificaciones legales que no van al fondo, según Ribera: comenzó por la reforma de la Ley de Derechos Reales para transferir esta entidad del Órgano Judicial al Ejecutivo, pero no lo logró; hizo aprobar la Ley de Fortalecimiento y Lucha Contra la Corrupción; presentó el proyecto de Ley de Estrategia de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, pero las movilizaciones en contra lo obligaron a retroceder.

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