¿Habrá alguien, en alguna parte, que todavía festeje la “revolución del 21 de agosto” que encabezó el coronel Banzer y que dio inicio a su dictadura? Ha pasado más de medio siglo, 51 años para ser exactos, y todavía recordamos el reguero de sangre y corrupción que quedó. Las consecuencias de ese periodo autoritario las sentimos todavía.

Pero hoy, luego de tres lustros de autoritarismo del MAS, tenemos nuevas persecuciones, nuevas represiones, avasallamientos y hostigamientos. ¿Cuántos años vamos a esperar para que la comunidad internacional lo reconozca así?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una sombra de lo que alguna vez fue. Nació para promover y proteger los derechos humanos en la región, particularmente contra los abusos de gobiernos autoritarios, pero no siempre cumple con su mandato, al menos no en el caso de Bolivia. Ahora que ya es demasiado tarde, la CIDH se pronuncia de manera crítica sobre Nicaragua o sobre Venezuela, pero hubo que esperar mucho tiempo para que lo haga, y esa lentitud para pronunciarse (lentitud política, no técnica), hizo que la vulneración de los derechos humanos en Nicaragua y en Venezuela se deteriorara sumando muertos, presos, perseguidos, amenazados, etc. Allí no se libra nadie, ni siquiera la iglesia.

Bolivia va por el mismo camino que Nicaragua, pero la CIDH camina con anteojeras que le impiden ver el panorama completo. La naturalización de la represión y la persecución en Bolivia debería agitar las alarmas de la CIDH, pero no pasa nada debido a la complicidad política que existe con el gobierno del MAS. A la CIDH no le importa que existan informes documentados, como los de UNITAS, que describen de manera cualitativa y cuantitativa, con absoluta precisión y abundante información, las vulneraciones a las libertades elementales (666 casos en 2021). No pasa nada, prima la indolencia y la complicidad ideológica.

La CIDH se negó a responder durante años a una simple pregunta: si Evo Morales tenía derecho a la reelección en contra de lo que establece la Constitución Política del Estado. Al dilatar esa respuesta incumplió con sus deberes y precipitó una crisis que se tradujo en muertos y heridos, ataques armados e incendios, y zozobra en la sociedad civil que se manifestaba de manera pacífica en las calles de las principales ciudades de Bolivia. Por ello, la CIDH tiene también responsabilidad en los hechos ocurridos. No puede ser juez porque es parte
involucrada.

A pedido de Evo Morales y con la connivencia de Paulo Abrão (mercenario internacional que, por suerte, ya dejó su cargo de Secretario Ejecutivo), la CIDH elaboró un extenso informe cortado a la medida del gobierno del MAS, donde existe el claro sesgo de criminalizar a la sociedad civil y defender los intereses de los grupos de choque del MAS que provocaron terror y enfrentamientos en Sacaba y Senkata, siguiendo consignas de Morales de cercar las ciudades. El verdadero “Relato de un pueblo” no es el que redactaron burócratas internacionales del GIEI, sino la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, en el libro que lleva ese título.

Esta semana que termina estuvo en La Paz Bruce Barnaby, consultor de la CIDH encargado de la mesa de seguimiento (MESEG) de las recomendaciones del informe del GIEI. Bien intencionado, Barnaby logró reunirse con más de veinte organizaciones de la sociedad civil, lideradas por la Asamblea Permanente de derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y el Comité Nacional de Defensa de la democracia (CONADE). Esas reuniones seguramente le abrieron los ojos sobre una realidad inobjetable: el régimen del MAS no ha cumplido siquiera con las recomendaciones de un informe hecho a su medida, y ahora dice que tardará “dos años más”, con una sagaz perspectiva electoralista.

Mientras tanto los abusos del régimen se multiplican (en nombre de las recomendaciones del GIEI) contra organizaciones de la sociedad civil a las que se pretende despojar de su personería jurídica o de los espacios en los que funcionan. Las amenazas, el amedrentamiento y los abusos son propiciados directamente desde el ministerio de Gobierno y el ministerio de Justicia. Mal gobierno y mala justicia, que una parte de la comunidad internacional no quiere mirar.

A la CIDH no le queda otro camino que denunciar esa realidad y hacer responsable al gobierno. Si no lo hace, estará postergando el caso de Bolivia como lo hizo durante tanto tiempo con Nicaragua y Venezuela. Y dentro de diez años lamentará no haber actuado a tiempo.