La bancada de asambleístas de Creemos ha denunciado ante organismo internacionales presuntos actos de “amedrentamiento” y “persecución” contra la independencia de poderes y legisladores de oposición en el país por parte del gobierno de Luis Arce con el fin de anular sus capacidades de fiscalización y criminalizar sus actividades legislativas.

“En esta denuncia estamos suscitando y relatando todos los hechos de violación a los derechos, como el suscitado a la diputada María René Álvarez, que violentaron su oficina bajo cualquier pretexto para hacer, supuestamente, una requisa pasando por encima de la inviolabilidad que tiene nuestros recintos y nuestras acciones”, ejemplificó la jefa de bancada de Creemos en el Senado, Centa Rek, quien estuvo acompañada por senadores y diputados opositores.

La legisladora informó que la misiva de denuncia de lo que sucede en el país contra asambleístas de oposición fue enviada a las representaciones de la Unión Europea (UE), Organización de Estados Americanos (OEA), Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Organización de las Naciones Unidas (ONU) Bolivia y ante el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados.

Rek añadió que uno de los casos está referido a la presunta intimidación que sufrió el diputado Erwin Bazán por parte del Ministerio de Gobierno mediante una carta notariada de conminatoria para que remita pruebas sobre sus denuncias de narcotráfico y nexos existentes entre policías y redes de narcotraficantes.

La diputada Tatiana Áñez también se ha visto afectada, según Creemos. La legisladora presentó una denuncia por las agresiones que sufrió en una bochornosa sesión, pero no prosperó.

Por el contrario, la Fiscalía aceptó la querella contra la citada diputada por supuestamente haber ocasionado un rasguño al diputado Héctor Arce del MAS, por lo que debe presentarse ante el Ministerio Público cada 15 días. Está arraigada.

Otro hecho denunciado por los parlamentarios de Creemos se registró en el paro de 48 horas en Santa Cruz del 8 y 9 de agosto, cuando la asambleísta Eliana Muñoz fue aprehendida por la Policía en el Plan 3000 en un punto de bloqueo cercano a su domicilio.

Creemos puntualizó que la legisladora fue liberada porque denunció el hecho en los medios de comunicación.

Otra diputada citada como afectada fue Moira Osinaga, quien sufrió un intento de atropello por un vehículo no identificado conducido por el dirigente juvenil masista Reynaldo Ezequiel, quien posteriormente se dio a la fuga, hecho que fue filmado por varios vecinos, indicaron los legisladores opositores.

El diputado José Carlos Gutiérrez también sufrió un altercado en un hotel con funcionarios de Interpol y Migración, al igual que la legisladora María René Álvarez, quien denunció que su oficina fue allanada por funcionarios de la Unidad de Transparencia del ente legislativo y de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc).

El motivo para denunciar esos abusos ante organismos internacionales -aseguró Rek- es “acumular pruebas”.

“Vamos a hacer una visita nuevamente para dejar en evidencia la imposibilidad que tenemos de ejercer nuestras funciones, el hecho de que no existe en Bolivia la posibilidad de generar acciones parlamentarias; de que el parlamento es una cortina de humo porque no tiene resguardados sus derechos, la oposición no tiene la posibilidad de ejercer acción de fiscalización porque recibe, en contraparte, denuncias, criminalización y violencia”, señaló.