El presente documento tiene el objetivo de que la población boliviana pueda adoptar una posición institucional respecto al Censo de Población y Vivienda, evento de suma importancia en la vida de nuestra república y de cada uno de los bolivianos.

Respecto a la disyuntiva del año de su realización, y teniendo en cuenta que parte de la población piensa que el Censo “no nos conviene”, es importante afirmar que, no por tener la venda en los ojos por más tiempo, la realidad de cada departamento va a cambiar. Por lo tanto, mientras antes se realice es mejor, lo cual implica que, si técnicamente se puede realizar el 2023, esa sería la decisión más correcta.

El Censo debe cumplir con los siguientes aspectos: transparencia y participación ciudadana, calidad técnica, y, eficacia y eficiencia respecto a la publicación de resultados.

Respecto a las actividades previas al Censo, tenemos:

• La cartografía se la puede culminar en un máximo de 6 meses, en vista de que, como anunciaron las autoridades, en algunas ciudades este proceso tiene un porcentaje elevado de avance. Además, con la participación de las universidades y sus estudiantes, este trabajo no debería tomar más de una semana.

• Recordemos que ahora las autoridades, comentaron que deberían tomar entre 4 a 8 meses para realizar una prueba piloto. Dicha prueba para consolidar la Boleta Censal también podría durar 4 meses, recordando, además, que más del 80% de las preguntas son repetidas, respecto del anterior Censo.

Algunas autoridades también comentaron que el Censo debía retrasarse para dar tiempo a la contratación de un software para la recopilación de información y conteo de los datos de la boleta censal, lo cual en tiempos no excede los 30 días (Convocatoria). En ese sentido, sugerimos lo siguiente:

• Contar con un software para la digitalización de los resultados que serán alimentados por medio de “tablets” en poder de cada encuestador del INE. Al respecto, se ha dado a conocer que se realizará una licitación internacional para contar con el mismo. Por lo que, se rechaza una licitación internacional, que según El DS 181 de contratación de bienes y servicios, significa un monto superior a los 5,5 millones de dólares. En ese sentido; y, además, para transparentar los resultados, se propone lo siguiente:

• El Sistema Universitario debe hacerse cargo del diseño, elaboración y puesta en funcionamiento del software, con un monto que no exceda el millón de dólares, aprovechando los equipos de la Agetic, que tiene capacidad de hardware para tal cometido. Dicho software debe enlazarse en línea con un servidor y página web en tiempo real, de acceso público. Por lo tanto, los ciudadanos podrán ver en tiempo real, la acumulación en los resultados totales de cada encuesta y cada encuestador.

o El software tendrá la capacidad de procesar automáticamente todos los datos y elaborar paralelamente todas la tablas y gráficas estadísticas. Lo que quedará, será simplemente la elaboración de informes, lo cual no debería exceder los 6 meses.

• Uno de los problemas que complica el Censo y que aparentemente no le conviene al gobierno, es la comparación de los datos censales con el Padrón Electoral. Según un estudio presentado por Carlos Böhrt, el 2020 de 341 municipios existentes, 207 presentaban problemas, dado que la tasa de crecimiento del Padrón electoral era muy superior a la tasa de crecimiento de la población. Este fenómeno se daba, especialmente en los años electorales, ya que sucedió un fenómeno parecido en cada elección. Yo mismo comprobé, que el 2019 había una diferencia entre la población y el padrón, de 200.000 personas a favor de este último. Para lo cual, sugerimos.

o El encuestador, debe buscar el padrón biométrico de cada ciudadano en el momento del Censo en la web, y verificar como requisito este dato para consignarlo en la Boleta Censal, esto permitiría cruzar la información.

• Las regiones y municipios con problemas de límites, es claro que no podrán solucionarlos para el 2023, pero tampoco para el 2024, en vista de que es un problema que data de hace más de una década. Por lo tanto, las regiones, a través de un procedimiento administrativo-legal, deberán solicitar al INE, que en donde haya conflicto de límites se asigne un “código neutral o cero”, lo cual permitirá dar viabilidad al proceso Censal. Además, esta será una presión para que las regiones solucionen con mayor agilidad dichos problemas.

Salvando los problemas que se puedan solucionar antes del Censo, es claro que técnicamente, éste puede realizarse el 2023. Sin embargo, existen connotaciones técnico – económico – políticas que también impiden su realización.

• Todo está relacionado con la cantidad de recursos económicos para las regiones y la regla de su distribución. Por lo tanto, es importante que se acuerde que las regiones que hayan tenido “disminución” de población en términos proporcionales a los demás departamentos, no pierdan recursos, en ningún caso. Para lo cual se pueden crear fondos de compensación. Lo cual quiere decir, que las regiones que tuvieron un aumento de su población deben recibir un ajuste sobre el total de sus recursos, porque es justo y deben atender a su población con mayor inversión pública; y por otro lado, regiones expulsoras de población no reduzcan sus recursos. En ese sentido, se propone que los recursos adicionales para las regiones con mayor cantidad de población en proporción al anterior Censo, reciban más recursos provenientes del 85% del total de recursos que maneja el gobierno central.

Por último, otro de los temores, es la distribución de escaños parlamentarios, lo cual tiene una limitante establecida por la CPE, debido a que, en la misma, se establece el número de parlamentarios en un número de 130. Sabemos también, que según la normativa se establece que después de un Censo, el Órgano Electoral pueda realizar la asignación o reasignación de escaños, como se establece en la CPE y la Ley N° 421. En la misma, se cuenta con mecanismos respecto a una “asignación mínima de escaños a departamentos con menor población” y con “menor grado de desarrollo”. Sin embargo, esto no cambiaría la realidad de poblaciones expulsoras de población, por lo que podrían perder un escaño en el parlamento. Sin embargo, es importante el efecto hacia adentro de cada región. En el caso de Oruro, por ejemplo, la población rural se encuentra sobre representada, ya que cada voto de un ciudadano en el campo o área rural vale el doble que el voto de una persona de la ciudad. Sin duda, con el Censo, podremos ajustar este problema.

El conocer la realidad del departamento, permitirá a cada uno de los ciudadanos, evaluar los últimos 11 años en comparación con el anterior Censo, con indicadores de pobreza, poblacionales, económicos y características de la vivienda, en torno a su evolución en el tiempo. Si un departamento cree que, aplazando el Censo los problemas se solucionarán por si solos, estamos muy equivocados. Requerimos saber nuestra realidad para poder de alguna forma, planificar nuestro desarrollo.

Por último, no pensemos que el Censo tiene como objetivo solicitar la ayuda del Estado en caso de que la realidad sea desfavorable. El objetivo de las regiones, debería ser pensar en menos estado central y mayor descentralización a las regiones. Precisamente, después de publicados los datos del Censo, podrá iniciarse formalmente la discusión postergada del Pacto Fiscal. Sin embargo, es importante reconocer que los recursos del estado están muy mermados, y que probablemente esta situación empeore, por lo que, creo que el momento de confiar la economía del país en sus habitantes ha llegado, menos estado y más ciudadanos, será la fórmula que nos lleve a una mayor prosperidad.

* Joshua Bellot Sáenz, experto en políticas públicas