Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: domingo 21 de agosto de 2022
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Ejecutivo
Dirección Web: Visitar Sitio Web
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Cuando el Gobierno quería hacer el censo de población y vivienda en noviembre de 2022, el Instituto Nacional de Estadística (INE) aseguraba que todos los procesos estaban avanzados y que incluso algunos estaban a punto de llegar al 100% de su ejecución. Ahora que el Gobierno pretende hacer el censo en 2024, el mismo INE asegura que nada está hecho y que prácticamente hay que empezar de cero.
Pongamos algunos ejemplos. En junio, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, durante una interpelación dijo que “el avance del cuestionario censal (boleta) alcanza, en este momento, a un 98%. Fue trabajado y revisado por los organismos internacionales. Tiene todos los estándares de calidad que requiere este tipo de trabajo”. Incluso detalló que ya se había hecho la prueba cognitiva y que en los siguientes días se realizaría la prueba piloto, las dos necesarias para validar la boleta. Similares comentarios hicieron los funcionarios del INE.
Esta semana, sin embargo, el mismo ministro Cusicanqui cambió de versión para indicar que “estamos con una boleta censal inicial, sujeta a pruebas piloto y cognitivas, un proceso de socialización abierto a través del INE”.
Muchos de los supuestos avances fueron consignados en la página web del INE, con base en los cuales Santa Cruz ha presentado una propuesta para que el censo se realice en 2023, sin embargo, Melvy Vargas, integrante de la plataforma por el censo cruceño, dijo que los funcionarios del INE “reconocieron que algunos datos de su página no son ciertos y que hay muchas actividades que aún no fueron desarrolladas”.
En realidad, no se puede saber cuál es la verdad porque las versiones son completamente contradictorias. El INE mintió antes o miente ahora, en cualquier caso, los funcionarios responsables de esta distorsión deberían ser sancionados, a no ser que estén recibiendo órdenes superiores para actuar de esa manera.
Vargas explicó, por ejemplo, que en la web aparecen los formularios 1 y 2 de los municipios como llenados, pero en las reuniones técnicas los funcionarios del INE aseguran que no tienen esa información.
Otro punto es la cartografía, que en junio tenía un supuesto avance del 23% con la garantía de que ese proceso se terminaría en julio, con lo que el censo de noviembre estaba “a salvo”; sin embargo, ahora ese porcentaje ni siquiera aparece en los reportes del INE.
Esos son algunos ejemplos de la forma en la que el Gobierno y el INE están manejando el proceso rumbo al censo, sin ninguna seriedad, con datos falsos, sin importar que está en juego la credibilidad del INE y del propio censo, que servirá para planificar nuestro futuro.
Según la Ley de Estadísticas Oficiales, el INE, si bien está bajo tuición del Ministerio de Planificación del Desarrollo, es una entidad “con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica”, que “ejercerá su actividad de manera imparcial, con autonomía técnica, libre de cualquier tipo de presiones e injerencias, con el fin de proporcionar estadísticas oficiales”.
Es obvio que el INE no tiene ningún tipo de autonomía, que el que maneja el proceso del censo es el Gobierno, con Cusicanqui como operador político y Jorge Richter como vocero.
Lo que está ocurriendo es muy grave porque el INE está perdiendo autoridad, autonomía y, sobre todo, credibilidad ante la ciudadanía. En boca del INE ahora no solo está en duda el censo de población, sino otros datos indispensables para la planificación del Estado.
Si funcionarios del INE son capaces de reconocer que algunos de los datos alojados en su página web son falsos, entonces se ponen en duda, también, datos trascendentales como la inflación, el crecimiento y otros, que bien podrían estar siendo maquillados para mejorar la imagen del Gobierno.
El Gobierno pregona que se debe llevar adelante un censo técnico y despolitizado, pero lo primero que hace es relegar al INE, tomar las riendas del asunto y ponerle grandes dosis de politización. Por el bien del país, el Gobierno debe devolverle el protagonismo al INE, escuchar a las regiones y realizar un censo verdaderamente técnico y despolitizado.



