La denuncia de permanente vulneración a los derechos civiles y políticos de opositores, se evidencia en varias acciones de violencia judicial y de fuerza injustificadas en franco utilitarismo del sistema de administración de justicia como brazo ejecutor de un enjuiciamiento selectivo.
Los diputados de la bancada de Creemos señalaron como “claros hechos de persecución política” la ilegal intervención de supuestos efectivos de la Policía, Migración e Interpol la madrugada del miércoles a la habitación de hotel donde se hospeda el jefe de representación parlamentaria en Diputados, José Carlos Gutiérrez, argumentando un operativo de requisa a personas indocumentadas.
De igual forma, el lunes pasado, la diputada Tatiana Añez fue notificada con una imputación formal por presunta agresión física contra el diputado del MAS, Héctor Arce, siendo que éste agredió a la parlamentaria ocasionándole severos hematomas.
El hecho de violencia física contra Añez ocurrió en noviembre del 2021 en ocasión del informe presidencial de gestión que ofrecía el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La violencia física ejercida y la vulneración de derechos contra parlamentarios de oposición ocurridos recientemente dan cuenta del ilegal arresto de la diputada, Haidy Muñóz, cuando ejercía su legítimo derecho a la protesta pacífica.
Ante tales agresiones por parte del oficialismo, los parlamentarios de Creemos emitieron un pronunciamiento a la opinión pública advirtiendo sobre las arremetida oficialista como parte de su agenda política.
“Resulta evidente que la estrategia de persecución y amedrentamiento a opositores aún forma parte de la agenda del Movimiento Al Socialismo; en consecuencia rechazamos categóricamente las acciones ilegales y arbitrarias gestadas contra cualquier asambleísta y contra la población en general, utilizando las instituciones públicas como brazos operativos a sus fines políticos partidarios”, señala parte del documento.
Desde la alianza Comunidad Ciudadana, se rechazaron estas nuevas acciones de Gobierno denunciando nuevamente que “se utiliza vías de hecho y funcionarios policiales para amedrentar, intimidar e impedir el rol de fiscalización legislativa, y a los fiscales y jueces penales que con procesos montados y manipulados actúan como los nuevos paramilitares de autocracias contemporáneas”.