El censo está demorado. El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, admitió que los ajustes en las fechas para la gran encuesta nacional pueden afectar la redistribución de escaños, así como la reconfiguración de las circunscripciones uninominales de la actual geografía electoral del país. 

Eso sí, la autoridad precisó que es más importante la fecha en la que se conocerán los resultados del próximo censo de población y vivienda que la definición del día en el que se ejecute el empadronamiento, un debate que ha derivado en la instalación de mesas técnicas en las nueve capitales del país a cargo del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Ministerio de Planificación y autoridades departamentales y municipales de cada una de las regiones.

“La fecha es importante, no tanto por la fecha en sí, sino por el tiempo en el cual podamos conocer los resultados. No importa cuando se realice en censo, si podemos tener los resultados en un plazo muy breve. Si lo tenemos en dos años o en un año, claro que afecta, pero si los tenemos en menos tiempo, en 30 días, por ejemplo, no va a haber ningún problema”, afirmó la autoridad durante una rueda de prensa realizada ayer en Santa Cruz de la Sierra.

Hassenteufel inauguró ayer el encuentro internacional ‘Democracia y elecciones en América Latina: entre avances, riesgos y desafíos’ junto con representantes de la región y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

De acuerdo con la Constitución Política del Estado (CPE), existen 130 diputados y son asignados proporcionalmente a los habitantes que tiene cada uno de los nueve departamentos. En ese escenario, existen 63 circunscripciones, equivalentes a cada diputación que es elegida a través del voto.

La más reciente distribución de escaños se realizó sobre la base del censo de 2012 que contabilizó 10.059.856 habitantes. Esta cifra dividida entre 63 escaños uninominales da un total de 159.680 habitantes. Es decir, cada diputado uninominal debería ser escogido por aproximadamente 160.000. 

El 2013, el Órgano Electoral consideró que el eje central —La Paz, Cochabamba y Santa Cruz— concentraba, ya entonces, cerca del 71% de la representación política por circunscripciones y estableció “un criterio equitativo” para que regiones, como Pando, no perdiesen representación política, esto de acuerdo con el reglamento de delimitación de circunscripciones uninominales, disponible en su plataforma web.

El tema es delicado y complejo. Por eso, el presidente del TSE destacó el proceso de diálogo que está en curso sobre la fecha de la encuesta y, una vez más, subrayó, la necesidad de contar con los nuevos datos. “Vamos a tener que esperar los resultados del censo para redefinir la distribución de circunscripciones”, remarcó.

“No vamos a emitir opiniones sobre la fecha. Nos parece que el censo es importante, no solo desde la perspectiva electoral, que tiene una incidencia, sino para poder saber como país y como bolivianos cuántos somos y cómo podemos planificar el futuro de este país”, puntualizó la autoridad.

Según los criterios establecidos en el reglamento del Órgano Electoral, un diputado uninominal fue elegido en Pando por 55.218 personas y en el departamento de Chuquisaca por 115.231; en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz se requieren de 189.649 votos. Este criterio se estableció en los comicios de 2014, en las elecciones fallidas de 2019 y en el proceso electoral de 2020, que concluyó con la elección de Luis Arce (MAS) como presidente del Estado hasta 2025.

El miércoles 27 de julio, el vocal del TSE Francisco Vargas precisó que la nueva redistribución tendría que estar concluida antes de que el Órgano Electoral emita la convocatoria para las elecciones que deben realizarse en octubre de 2025. Para las elecciones de 2019, la convocatoria fue publicada a fines de mayo. Revisando la experiencia del censo de 2012, cuando éste tuvo lugar el 21 de noviembre de 2012, sus resultados oficiales comenzaron a ser publicados en julio de 2013, ocho meses después, pero el proceso demoró hasta dos años, porque tropezó con problemas técnicos.

Desde la Fundación Jubileo, el sociólogo Juan Carlos Núñez, destacó la necesidad de comprender la importancia de los datos que entregará el INE tras el censo. “Hay varios procesos que hay que desarrollar, por ejemplo, organizar el material, procesar los datos; ver la cobertura y la omisión censal. Todo eso requiere de un procesamiento que debe permitir un control de calidad. Hay que estar atentos de que, efectivamente, la tecnología pueda apoyar, pero estimo que no se puedan tener los resultados en menos de un año”.

Sobre las previsiones exteriorizadas por el presidente del TSE, Núñez señaló que si se hace el censo el próximo año, los resultados estarán en 2024 “y será, en ese momento, que pueda estar recién el tema de los escaños y la distribución de los recursos”. 

“El riesgo de que se no llegue a la etapa del calendario electoral y esto significaría que estemos pasando las elecciones con la misma estructura de ahora”, complementó el especialista de la fundación.

El constitucionalista José Luis Santistevan, quien integra el equipo técnico del Comité Interinstitucional, recordó que la Ley 1096 de Organizaciones Políticas estará plenamente en vigor para 2024 y su efecto electoralizará el calendario “14 meses antes de octubre de 2025” y eso afectará, incluso, la fecha que puso el presidente Luis Arce entre mayo y junio de 2024.

“Un solo retraso más y no hay censo el 2024 y aún se realice el censo ese año, los resultados saldrán después de que jure el nuevo presidente en noviembre de 2025 para el periodo que durará el 2030. Luego ingresaremos al calendario electoral de comicios subnacionales que deben jurar el 3 de mayo de 2026. Estamos ante un panorama electoral que se inicia con las primarias en agosto 2024 y culmina en mayo de 2026”, dijo el experto sobre la encuesta.

El Gobierno no debatió este aspecto por ser político y no técnico.