La reforma judicial fue mencionada como una prioridad en el Gobierno de Luis Arce. Después de 21 meses de gestión de Gobierno y de tres fracasados intentos por impulsar cambios en el sistema de justicia, la promesa del mandatario se desvanece. Los expertos, aseguran que no existen avances “de fondo” para resolver la crisis porque el debate y consenso político es “inexistente” entre los órganos del Estado, la academia y las organizaciones de la sociedad civil.

“Han inventado nuevas reformas de la justicia para no avanzar en nada y para mantenernos en esta situación de crisis. Se busca mantener la justicia como un apéndice al Órgano Ejecutivo porque es un mecanismo de persecución política”, sostuvo el abogado y exalcalde de La Paz Juan Del Granado, en el programa Influyentes de EL DEBER Radio.

El también miembro del grupo de juristas independientes, que impulsan un referéndum para la reforma constitucional, apuntó que no solo atañen la falta de idoneidad, independencia, presupuesto y acceso a la justicia, sino también la carencia de estrategias estatales a mediano y largo plazo.

Posteriormente, durante la presentación en la UMSA de la revista Luces y sombras de la Reforma del Sistema Judicial desde una perspectiva crítica y propositiva, tanto Del Granado como el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé coincidieron en que la reestructuración del sistema judicial aún no ha comenzado y que son necesarios los consensos políticos y el diálogo abierto para avanzar.

“Este no es un tema que competa al Ejecutivo. Este es un tema del Órgano Judicial, de la ciudadanía y de los cuatro órganos de poder que por la Constitución deben trabajar de forma coordinada y en cooperación. Esto no está ocurriendo, más bien nos está pasando que el Órgano Ejecutivo toma preminencia y participa en la decisión del destino de Órgano Judicial, entre otras cosas porque lo ha cooptado”, remarcó el exmandatario.

Sin embargo, el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, aseguró que se vienen desarrollando una serie de acciones desde el Ejecutivo para superar estas taras que se arrastran desde hace más de 30 años. 

“Estamos en proceso de reforma y hay muchas cosas que se están cambiando en lo normativo, temas que están avanzando en el Órgano Judicial. Otro aspecto a descartar es que es definitivamente participativo. Todos han presentado propuestas, seminarios, talleres y ahora los invitamos a los conversatorios que estamos realizando en la Vicepresidencia”, dijo el viceministro en contacto con EL DEBER.

Para los expertos, el Gobierno presentó tres propuestas distintas de reforma, mientras fue archivando las anteriores sugerencias sin darles continuidad.

Según los antecedentes, el nivel central intentó dar curso a los cambios constitucionales para encarar la reforma judicial, pero esta oferta se descartó. Luego se planteó la reforma de leyes y, finalmente, un cambio de carácter administrativo, todos necesarios, pero sin tratar los temas de fondo.

El viceministro Siles confirmó que luego del informe del relator especial de Naciones Unidas para la independencia judicial, Diego García-Sayán, el Ministerio de Justicia compartió los trabajos de la reforma con la Vicepresidencia del Estado y en compañía de la Naciones Unidas.

En ese marco, se realizan conversatorios para recibir propuestas y discutir sobre presupuesto, acceso a la justicia, justicia indígena originario campesino y transparencia, el régimen disciplinario y la responsabilidad de los servidores públicos judiciales.

Consultado si existirán resoluciones de estos encuentros, útiles para tomar decisiones, Siles dijo que se emitirá una memoria al final de las mesas de discusión.

Del Granado lamentó que estas mesas de trabajo se lleven adelante “de manera casi anónima y con muy poca participación ciudadana, sin un verdadero proceso de reforma”.

Peligro de la democracia
El abogado constitucionalista, Gonzalo Hidalgo, considera que en Bolivia existe una inseguridad jurídica permanente que pone en peligro al sistema democrático.

“El problema es que la institucionalidad constitucional causa las distorsiones del sistema democrático. Todos se llenan la boca de que hay necesidad de reformar la justicia y cuando llega el momento de hacer algo, la clase política pone trabas”, coincidió el politólogo Franklin Pareja.

Los entendidos en la materia también hicieron incidencia en los últimos casos que afectan las libertades constitucionales y los derechos humanos como efectos de la crisis judicial. Por ejemplo, el joven que fue enviado a la cárcel de Palmasola porque portaba una mochila con petardos durante el paro de 48 horas en Santa Cruz
La diputada María René Álvarez, Creemos, criticó la celeridad con que la justicia actuó contra el joven que exigió censo para 2023.  Apuntó que los casos Las Londras, el autoatentado en la casa del alcalde Jhonny Fernández y la toma violenta de áreas protegidas tienen retardación de justicia y “favorecimiento” a los acusados.

Asimismo, mencionó que mientras el manifestante permanece en la cárcel, un mayor de la Policía, jefe de un organismo de inteligencia, se defiende en libertad a pesar que está acusado por complicidad en el asesinato de tres policías en Porongo.

Por otro lado, a los legisladores de Comunidad Ciudadana les llamó la atención la desigual aplicación de ley que prohíbe el uso de explosivo. El diputado Alberto Astorga refirió que mientras los mineros, con afinidad al MAS, se les permite usar dinamita en sus protestas, se reprime a los cocaleros que no comulgan con el Gobierno. “Se usa la justicia para perseguir”, declaró.