ratifica emergencia por censo

El vocero presidencial, Jorge Richter, desahució ayer la propuesta cruceña para realizar el censo en 2023, mientras otras autoridades del Gobierno destacaron que hay consenso en otras regiones en llevarlo adelante en 2024. Ante eso, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, aseguró que no meterán “los dedos a la boca” a la región y, por la tarde, el Comité Interinstitucional se declaró en emergencia y puso dos plazos finales antes de asumir un nuevo paro de 72 horas.

El comité se reunió la tarde de este miércoles y asumió siete determinaciones concretas, con la premisa clave de que “el censo puede y debe realizarse” en 2023.
La resolución marca dos plazos claves. El primero, señala que hasta el 26 de agosto el Gobierno debe hacer llegar la información oficial completa, fundamentada y desagregada de su propuesta presentada en la mesa técnica del 15 de agosto para complementar el estudio de la comisión técnica interinstitucional.

En otro, conmina al Gobierno la instalación inmediata de las mesas de trabajo acordadas, las que deben concluir hasta el 3 de septiembre de forma impostergable, sobre la base de la propuesta cruceña “y en ese marco la abrogación del decreto supremo 4760, que estableció el 2024 como año para la realización del censo”.

En medio repudió que los voceros gubernamentales afirmen que la fecha del censo está cerrada para 2024. Exigió que se respete el acta del lunes, en la que se definió el cronograma para que la fecha del censo se defina a partir de los resultados de las mesas de trabajo, tomando como referencia la propuesta técnica de la universidad”.

Finalmente, exigió que se libere a todos los dirigentes detenidos en la cárcel o con domiciliaria durante el paro de 48 horas.

En declaraciones a este medio, el vocero Richter explicó que la propuesta presentada por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) para la realización de la encuesta el próximo año fue considerada inviable.
“La gente de la comisión internacional de alto nivel escuchó la propuesta de la Uagrm y les dijo que era absolutamente inviable, porque adolecía de una calendarización adecuada. No se puede llevar adelante un censo sin tener pruebas cognitivas, censo experimental, validación de la boleta y tratar de sustituir esto con pruebas departamentales, eso ha quedado desechado, lo ha graficado la Cepal, a lo que no ha tenido respuesta la universidad”, agregó.

De esta forma, descartó que el censo pueda realizarse el próximo año. Dijo que algunas autoridades hablan de abreviar algunas etapas, pero no mencionan cuáles, recalcando que “existen un conjunto de elementos, etapas que son insalvables”, a tiempo de solicitar que la universidad cruceña entregue el documento final de su propuesta, debido a que primero, en la reunión con el presidente Luis Arce, entregaron cinco a seis hojas y el lunes otras 15.

Tras la reunión del martes en El Alto, el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, desestimó completamente la solicitud cruceña y manifestó que en ese encuentro, como en otros realizados anteriormente, “los participantes ratificaron que la mejor fecha es entre mayo y junio de 2024”.

La declaración de Ruiz causó mucho malestar en el gobernador Luis Fernando Camacho, que habló específicamente de ella. “(El viceministro) lo ha dicho porque es lo que aprobaron en El Alto. Aseguró que eso no será “de ninguna manera aceptado por Santa Cruz”. Se refirió también a la declaración de Richter y sentenció que “en la reunión del lunes se aceptó debatir y analizar la propuesta de Santa Cruz, que es el 2023”.

Pero fue más contundente aún. “Si bien Santa Cruz ha estado dispuesta a sentarse a dialogar, a conversar, que tampoco crean que nos van a meter los dedos a la boca. Tengo mis serias dudas de que nos vayan a cumplir, comparto la preocupación de los medios de comunicación, siempre lo he dicho, cualquier cosa podemos esperar”, disparó Camacho.

Anoche, tras la reunión del Comité Interinstitucional, Camacho marcó los dos plazos estipulados en el encuentro. “Santa Cruz no ha parado para nada, lo ha hecho para obtener respuestas. Necesitamos mostrar a quienes nos calificaron de intolerantes, que estamos dispuestos al diálogo”.

Asimismo, recalcó “que con el mandato de ambas cumbres, si es que no cumplen los plazos del 26 de agosto y el 3 de septiembre, tomaremos medidas inmediatamente. Es decir, ejecutaremos inmediatamente con el paro de 72 horas, no puede esperar más la ciudadanía”, dijo.

El senador Williams Torrez, MAS, criticó también a los voceros del Gobierno y señaló que “no se puede hablar de una base predeterminada cuando ni siquiera se ha escuchado a todos los departamentos. Si el Ejecutivo sentencia que será en 2024, ¿en qué quedan las mesas técnicas?”, aseveró.