Es insostenible la presión de la población que exige una reforma de la justicia con impronta disruptiva, no simplemente corrigiendo o mejorando aspectos administrativos. Toda reforma propiamente dicha debe ser entendida como una mejora sensible en un rasgo social particular, en este caso la justicia y sus operadores, más bien en un aspecto funcional, es decir un cambio radical con ruptura brusca de la rutina que ocasiona un cambio determinante.

La manida costumbre bastante reverencial de apoyarse en los criterios de consultores o funcionarios internacionales que notoriamente no conocen la idiosincrasia y el entramado difícil de la justicia boliviana y de sus operadores, no es la medida acabada de una reforma. Se dice que hay injerencia política en la justicia, lo que es una afirmación real y veraz, además de incontrovertible, empero, seguirá existiendo injerencia política después de una reforma, entonces ¿cómo se soluciona este endémico tema definitivamente? Solo existe una manera efectiva y es la formación moral y académica de los jueces que, con estas elevadas cualidades, rechazarán por convicción interna y dignidad cualquier atisbo de injerencia o a la injerencia política directa.

Para lograr este ansiado objetivo se debe comenzar por la base, formando una nueva generación de operadores judiciales y, para asumir el sensible cargo de impartir justicia, deben superar satisfactoriamente exigencias invariables y drásticas en el rendimiento personal, es decir, académico, arte de saber hacer, y la disposición incólume de no contaminarse con la corrupción, apuntalados por su asimilada conciencia moral que es el detente más valioso y efectivo cuando se debe juzgar a las personas con equidad plena, aplicando e interpretando los ordenamientos jurídicos actuales con dedicación de apostolado y luego de esa encomiable y proba labor por los demás, pasar a la historia como un servidor público ejemplar.

No corresponde indicar que el presupuesto para la justicia es exiguo pues es superior a otras actividades importantes para el desarrollo del país, además que las remuneraciones a los jueces son satisfactorias en equiparación con las condiciones de vida y los indicadores económicos del país. Pagar más a los jueces nunca garantizará una justicia imparcial, sólo una conciencia moral acabada y sólida apoyada por un conocimiento jurídico siempre en evolución y estudio constante; un buen juez o abogado debe estudiar toda su vida por la naturaleza de la actividad y la dinámica de las sociedades, amén de la perfección continua del delito.

No puede haber falencia de personal en los jueces y si se produce ese estado temporal es porque los propios jueces se desacreditan con ilícitas sentencias y determinaciones, molicie en la diligente atención a los ciudadanos que sufren y son destituidos, tomando la posta otros jueces diletantes o inexpertos que continúan con las endémicas mañas que sus propios subalternos les transmiten, entonces es como el mito de Sísifo: inacabable y seguirá campeando la corrupción.

Otro ámbito de implementación inmediata y de real trascendencia futura es la reactivación de la carrera judicial para acometer una reforma que complazca a la población, con un plan de estudios exigente y renovado y quienes deben enseñar en este recinto son los profesionales en Derecho con solvente y probada experiencia de mínimo 10 o más años de cátedra, llamados a esos puestos por convocatoria pública, así la población sabrá quienes asumirán la enseñanza de la nueva generación de
jueces.