Los acuerdos alcanzados en la reunión técnica de socialización del Censo Nacional de Población y Vivienda en Santa Cruz dejaron satisfechos a los representantes de la institucionalidad del departamento oriental, el más reacio a la postergación hasta el año 2024, pese a que no hubo grandes avances respecto a lo que se tenía.

El Comité Cívico pro Santa Cruz cumplió dos paros, uno de 24 y otro de 48 horas, como forma de presión para que el Censo se realice en el primer semestre de 2023. Las medidas de protesta, sin embargo, no han surtido el efecto esperado por las instituciones cruceñas, puesto que la fecha sigue inalterable.

Del encuentro del lunes, después de casi 10 horas, salieron conclusiones previsibles: hubiera sido incoherente que el Gobierno fijara una nueva fecha en la cita con Santa Cruz, quedando aún la mitad del país por recorrer en la gira de los técnicos del INE.

Sin lugar a dudas, el mayor logro ha sido que hayan podido juntarse autoridades que, hasta ahora, permanecían abiertamente enfrentadas por este tema. El simple hecho de que el gobernador Luis Fernando Camacho se haya sentado en la misma mesa junto al alcalde Jhonny Fernández y los representantes de la administración de Luis Arce, ya dice bastante de la voluntad de las partes por encaminar un diálogo necesario.

Por otro lado, esto también desactivó la latente posibilidad de un nuevo paro cívico que hubiera sido letal para el departamento cuya economía moviliza, en gran medida, el aparato productor del país. En definitiva, Santa Cruz confía ahora en un cambio de idea del Gobierno, en que el cronograma de trabajo rumbo al Censo se modifique de tal manera que haya un adelanto de la fecha determinada.

Se habla de la posibilidad de “construir” esa fecha en forma conjunta, tal cual lo adelantó hace una semana a CORREO DEL SUR el vocero presidencial, Jorge Richter. Por lo tanto, ahí no hay ninguna novedad, solamente una oficialización de un compromiso previo en la mesa de negociación instalada en Santa Cruz de la Sierra.

Anoche le tocó el turno a El Alto, que en la reunión con el equipo del Instituto Nacional de Estadística (INE) definió apoyar una salida técnica al conflicto del año del Censo. En uno de los puntos de un acuerdo firmado este martes, “la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales del Departamento de La Paz (Agamdepaz) respalda el consenso alcanzado en el Consejo Nacional de Autonomías referente a la reprogramación del Censo de Población y Vivienda y el decreto 4760 (que difiere el proceso para el 2024)”.

Los regionalismos están de más en actividades de suma importancia como un censo nacional. Ya lo hemos dicho en varias oportunidades desde este mismo espacio editorial: sea cual fuere la radiografía que surja del próximo Censo, todos los departamentos deben ser atendidos con equidad, atendiendo sus respectivas necesidades, porque cada uno las tiene: tanto los mayores receptores de población como los grandes expulsores de habitantes. Si va a haber redistribución de los recursos económicos, así como también de escaños políticos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, pues, que sea sobre un criterio racional, sin favoritismos ni apasionamientos. Es entendible que algunos departamentos tengan urgencias, pero esto no puede traer como consecuencia el beneficio de unos para el perjuicio de otros.

Los fundamentos técnicos deben primar frente al interesado cálculo político-partidario del peso de regiones muy poderosas, con miras a futuras elecciones. Por eso la etapa preparatoria del Censo, que incluye una nueva cartografía y la resolución de conflictos de límites, amerita un trabajo serio, que no puede hacerse de la noche a la mañana.

Entretanto queda un camino por recorrer, los departamentos sureños, al menos Chuquisaca y Potosí, no terminan de definir una posición coherente respecto a este tema crucial.