Los estrategas políticos del Gobierno, al parecer, trazan maravillas en el papel, pero que no soportan una mínima confrontación con la realidad. Así se podría resumir el plan político de “despolitizar el censo” y plantear el empadronamiento en términos estrictamente técnicos, lo cual experimenta serios tropiezos, pues tres de las cinco ciudades con las cuales se han sostenido estas reuniones técnicas exigen que el censo no se lleve a cabo en 2024, como ha decretado el Gobierno, sino que se adelante esa fecha, aunque sin establecerla. 

En efecto, las capitales de Santa Cruz, Cochabamba y Oruro, que ya sostuvieron reuniones con los personeros técnicos del Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Planificación, han solicitado modificar el año definido por decreto para el censo, 2024, lo cual revela que estos encuentros técnicos no van a dar el resultado que espera el Gobierno. 

Después de apoyarse en un Consejo Autonómico dominado por el oficialismo, el Ejecutivo creía que ya había triunfado y comenzó a jugar la carta de convencer a las regiones, una por una, de la necesidad de llevar a cabo la encuesta en 2024. Los dos paros de Santa Cruz fueron tan determinantes, sin embargo, que la amenaza de mayores medidas de presión, cada vez más radicales, ha logrado que se reconsidere la “inamovible” postergación del censo; se ha abierto, tras la reunión en Santa Cruz -en la cual inclusive participó el Gobernador-, la posibilidad de adelantar ese empadronamiento nacional. A la luz de lo cual ya no tiene sentido peregrinar por las regiones para tratar de convencerlas, con el respaldo de las autoridades locales oficialistas, que el mejor escenario es 2024. 

Sería mucho más inteligente y provechoso que el Gobierno invirtiera el tiempo de esa “gira técnica”, ahora sin sentido, en acelerar la etapa precensal, sobre todo con el desarrollo de la cartografía, para evitar improvisaciones y contratiempos; si todo indica que las regiones no aceptarán que el censo se realice en 2024, no tienen asidero las declaraciones confrontacionales del Viceministro de Autonomías, quien ha asegurado que Santa Cruz no tiene una propuesta, cuando en realidad esa región ha solicitado mayor información para precisarla. 

Resulta curioso que el Gobierno postergue la realización del censo, cuando en realidad debería ser el primero en proponer que se efectúe a la brevedad posible. Esto da pábulo a la sospecha de que detrás de esa reticencia se esconde la intención política de dilatar las nuevas cifras del recuento nacional con el fin de no redistribuir los escaños de la Cámara Baja, de mantener el control de los recursos públicos en manos del centralismo sin Pacto Fiscal e inclusive de evitar, como se ha denunciado, que la nueva fotografía poblacional que se obtenga no tenga relación alguna con el actual padrón electoral. 

El censo tendría que ser una fiesta y lo será, inclusive a pesar de las maniobras insulsas del poder.