La postergación del censo tiene como trasfondo un cálculo político y una transformación estructural de la sociedad boliviana. El cálculo político busca evitar asignar a las ciudades capitales, a las ciudades intermedias y a los departamentos de mayor crecimiento poblacional, la representación política y los recursos presupuestarios que le corresponden. El desafío estructural significa negar una realidad de acelerada urbanización, de creciente migración hacia el oriente, en especial hacia Santa Cruz; en el fondo el traslado interno en la búsqueda de las oportunidades que genera la modernidad basada en la economía de mercado y la apertura a la internacionalización y la digitalización de la economía.

No por negar a los bolivianos el derecho a conocer la información censal sobre su población y sus condiciones de vida, la realidad dejará de existir y las tendencias demográficas que la origina, desaparecerán. Por el contrario, la Bolivia del siglo XXI llegará a tener más del 90% de su población urbana, la cual estará concentrada en las tres grandes áreas metropolitanas, y, en pocas décadas, llegará el censo que indique que más del 50% de la población resida en el departamento de Santa Cruz.

Esta realidad planteará inmensos desafíos, para un país con un territorio extenso y una población pequeña, aunque por los conflictos que tenemos pareciera que a los doce millones de bolivianos nos queda chico el país, lo cual no tiene sentido dado que en Centroamérica hay varias naciones que con el diez por ciento del territorio que tenemos, albergan a una población igual o superior a la nuestra, o que, en Sudamérica, países con una extensión territorial similar, como Colombia, Perú y Venezuela, tengan poblaciones que oscilan entre los treinta y cuarenta millones de personas.

En el cálculo político, vienen cuatro años de elecciones: judiciales el 2023, inscripción de candidatos a las primarias (fines del 2024), primarias y nacionales durante el 2025, y, municipales y departamentales el 2026. El oficialismo ha preferido anticipar un conflicto para postergar la realización del censo y la aplicación de sus resultados hasta después de todo este periodo electoral, con lo que la reasignación presupuestaria difícilmente se concrete antes del 2027 y la redistribución de la representación legislativa recién se aplicaría para las elecciones nacionales del 2030 y las municipales y departamentales del 2031.

Obviamente, es un cálculo que obedece a un interés político partidario que busca preservar la hegemonía en el poder, sabiendo que las tendencias demográficas no le favorecen. Si ya en el 2020, el oficialismo no logró conservar los dos tercios, en la medida en la que la representación parlamentaria de las ciudades capitales, de las ciudades intermedias y de los departamentos del oriente y el sur crezcan, será cada vez más difícil garantizar las mayorías legislativas de las que ha gozado en los últimos periodos.

Si bien se trata de concentrar el conflicto en la reivindicación cruceña por la pronta realización del censo y la aplicación de sus resultados antes de la finalización del actual periodo constitucional, en realidad Bolivia viene acumulando un problema que afecta a los nueve departamentos, en los cuales sus ciudades capitales y las ciudades intermedias se encuentran subrepresentadas y existe una evidente desigualdad en la representación política de los habitantes de las áreas urbanas con relación a los del área rural. Si se asignara a estas áreas urbanas la representación que les corresponde, sería muy distinta la representación legislativa, tanto en la Asamblea Legislativa Plurinacional, como en las Asambleas Legislativas Departamentales.

Aún más profunda es la transformación estructural de un país en el que todo el relato político de los últimos 80 años se ha realizado desde una realidad marcada por una mayoría poblacional rural, hacia la actual concentración demográfica en el área urbana, que ya supera el 70%, y continuará multiplicándose. Obviamente, con estas nuevas condiciones, el relato político, conocido como nacional-popular, que ha dominado la política boliviana en las últimas décadas ya no garantizará victorias electorales, puesto que las necesidades y aspiraciones de quienes habitan nuestras ciudades en este siglo XXI son muy diferentes.