La polémica trasciende las fronteras, The New York Times también se ocupó del tema y dio paso a un artículo escrito por José Miguel Vivanco, director de las Américas de Human Rights Watch, cuyo contenido y enfoque hace coro con argumentos esgrimidos por Washington a través de la oposición en Bolivia y otros que fueron sustentados por el secretario general de la Organización de Estado Americanos (OEA), Luis Almagro.

La publicación de este artículo muestra que hay campaña internacional para confundir a la opinión pública, y es probable que se intensifique en los próximos meses. También prueba que el Gobierno de Estados Unidos está fuertemente empeñado en generar una imagen negativa del Jefe de Estado boliviano mediante una campaña mediática.

El artículo también confirma que organizaciones vinculadas a los intereses del Gobierno estadounidense se dan modos para criticar la institucionalidad democrática boliviana y mostrar la acción legal por la repostulación como un hecho reñido con los principios de un estado de derecho, explicación que no corresponde a la verdad.

Al respecto es pertinente aclarar que el recurso abstracto de inconstitucionalidad presentado por el Movimiento al Socialismo y diputados de la oposición ante el TCP se sustenta en convenios internacionales a los que el Estado boliviano está adscrito para hacer prevalecer los derechos fundamentales de las personas a elegir o ser elegidas.

Las críticas de la oposición no son estrictamente jurídicas, no hay argumentos de ese carácter que rebatan de manera contundente la acción legal por la repostulación. Hay desesperación en la derecha y el discurso para hacer creer a la población que se estaría pidiendo al TCP que declare la inconstitucionalidad de la Carta Magna se cae a pedazos, mientras el respaldo al Presidente crece.