La redistribución de escaños en la Cámara de Diputados y el pacto fiscal, según las previsiones de políticos, puede demorar hasta el subsiguiente gobierno en caso de que el Censo de Población y Vivienda no se realice como máximo hasta 2023, sino en 2024 como propone el Gobierno.

El miércoles 27 de julio, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Francisco Vargas precisó que dicha redistribución tendría que estar concluida antes de que el Órgano Electoral emita la convocatoria para las elecciones de octubre de 2025.

Para las elecciones del 20 de octubre de 2019, la convocatoria fue publicada a fines de mayo. Revisando la experiencia del censo de 2012, cuando éste tuvo lugar el 21 de noviembre de 2012, sus resultados oficiales fueron publicados en julio de 2013, ocho meses después.

El problema de ir a los comicios de 2025 con la distribución de escaños con base en los datos del censo de 2012 también radica que en ese año no se realizó la actualización cartográfica y se usaron datos de 2001, como admitió el Gobierno.

A esto se suman otras fallas en el proceso que prevén superarse en este año. Sin embargo, las mesas técnicas han sido consideradas como “distractivas” para seguir aplazando las labores censales.

El Conade, como parte del Comité Interinstitucional de La Paz, anunció que agotará estas instancias para resolver la falta de diálogo. Sin embargo, en caso de haber restricciones en la participación en la reunión con el INE y el Gobierno, tomará otras medidas.

Manuel Morales, directivo del Conade, dijo que los resultados del próximo censo, en caso de que se aplique en 2024, se conocerán en 2030. “Quiero preguntarle a la ciudadanía si quiere ser representado por parlamentarios de acuerdo a la densidad poblacional a partir del 2030. Porque en 2025 sería con datos del censo de 2012”.

Las circunscripciones uninominales actuales han sido hechas con datos de 2012; esto significa que al 2025 habría pasado 13 años de desactualización. Para Morales, a esto se suma el padrón electoral “inflado” que provocó la crisis de 2019 por el presunto fraude.

La senadora de Creemos Centa Reck explicó que esta es una de las razones por las que Santa Cruz concentra la lucha en la calles para que la encuesta nacional se realice en 2023. La presentación de resultados del censo demorará en entrar en vigencia, luego se debe accionar la Ley de Escaños en la Asamblea Legislativa, misma que toma su tiempo y la cual debe ser replanteada por la desigualdad en la representación entre campo y ciudad.

“Es toda una pela política por eso no se quieren hacer el censo en el tiempo que corresponde porque pretenden llegar a la próxima elección manejando una información que es extemporánea, una votación y representantes que son extemporáneos”, enfatizó la legisladora.

El abogado y experto en temas electorales José Velasco adelantó que tener la distribución de escaños recién en 2030 con datos del censo de 2024 podría generar  nuevamente problemas regionales porque también serían datos postergados.

Mesas técnicas

Al momento se han realizado tres mesas técnicas en Tarija, Oruro y Cochabamba. En estas regiones se ha limitado la participación a organizaciones de la sociedad civil, legisladores y otros interesados.

Este lunes Santa Cruz se reunirá con el INE y el miércoles en La Paz. Legisladores han solicitado que se les permita el ingreso y así evitar que se restringa la participación y contribución de propuestas técnicas para el censo.