Los resultados del Censo de Población y Vivienda afectarán al MAS porque las áreas rurales, donde hay sobrerrepresentación y declaran tener más apoyo, han registrado disminución de población y que ahora se concentra en las ciudades. Para los legisladores, políticos y expertos, esto significa más escaños para el área urbana donde el partido de Gobierno tiene menos adhesión.

La lucha por llevar adelante el censo en 2023, principalmente desde Santa Cruz, no solo se concentra en la redistribución de recursos económicos, sino de escaños parlamentarios en la Cámara de Diputados que corresponde por el incremento de población, debido a la migración hacia este departamento.

Los políticos opositores creen que una actualización demográfica no le conviene al MAS porque perderán representación “sobrevalorada” del campo y este panorama no es conveniente para las elecciones de 2025 y esta sería una de las razones de la reprogramación de la encuesta para 2024.

“Postergar el censo es una acción intencional del MAS y del Gobierno porque buscan asistir a las elecciones en 2025 sin nuevas circunscripciones porque el efecto del censo es que habrá más representación urbana, donde el masismo cuenta con menos apoyo”, afirmó a EL DEBER el ejecutivo del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales.

Desde el análisis del activista, las circunscripciones de las áreas rurales podrían ser eliminadas o agrupadas con población urbana, donde las tendencias de votación demuestran que el MAS pierde en las ciudades y esto implica menos representación en la Asamblea.

“Este es el juego político que está detrás de esto”, enfatizó Morales.

En concordancia y de manera contundente, el concejal cruceño José Alberti (C-A) sostiene que con el censo se “caerá la mentira” del Gobierno y la supuesta mayoría que tiene en las áreas rurales, donde actualmente la población es escasa y cuentan con mayor cantidad de votos.

“Lo que se le va a caer al Gobierno no es el poder, es el fraude y la evidencia que cerca del 80% de la población vive en el eje central. Esa es la mentira que se le va a caer porque la mayoría de la población vive en las ciudades”, sentenció Alberti.

El concejal indicó que Santa Cruz, El Alto y otras ciudades intermedias, como Quillacollo, Montero, La Guardia, Porongo, Cotoca y Warnes han tenido una explosión poblacional en los últimos 12 años que se dio por la migración. “El principal destino de la migración interna es hacia Santa Cruz, es innegable”, acotó.

Debido a la migración de más de 65.000 familias de otros departamentos, según los cálculos de Alberti, el municipio de Santa Cruz está perdiendo Bs 450 millones cada año por la falta de actualización de población y falta de un censo que dé más recursos.

Según las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística (INE), el departamento cruceño en 2012 tenía 2.779.271 de habitantes. En 2022 alcanzó los 3.425.399 de ciudadanos.

La senadora de Creemos Centa Rek, aseguró que el MAS tiene un fuerte interés que la actual distribución de escaños continúe intacta, pese al incremento de población, porque quieren seguir controlando la Asamblea Legislativa.

“No quieren constatar el aumento demográfico que daría lugar a mayores escaños urbanos porque no le daría el número de asambleístas que el MAS necesita para imponer leyes. Hasta la anterior legislatura el oficialismo contaba con los dos tercios de votos en la Asamblea Legislativa, ahora es mayoría y van regulando la posibilidad de aprobar leyes con el número de asambleístas que están logrando manejar. Con el censo, los representantes van a cambiar y hay una tendencia a que sean más representantes de otras organizaciones políticas", explicó la senadora cruceña.

Rek agregó que el Gobierno “oculta y controla” la información estadística para propiciar un “fraude económico y electoral”. Incluso denunció que se penaliza tener cifras estadísticas que no sean las del INE “para generar las condiciones favorables para que el MAS siga en el poder y maneje el Órgano Legislativo”.

Sin embargo, el diputado Ramiro Venegas, del MAS, cuestionó que la oposición se adelante a hacer cálculos sin tener los resultados oficiales del censo y sin las correspondientes justificaciones técnicas.

“Una vez que tengamos los datos oficiales del INE ya podremos tener idea de lo que puede ocurrir con la distribución de escaños, mientras no se puede adelantar criterios”, afirmó el oficialista.

El parlamentario no emitió criterio sobre la “sobrevaloración” del voto rural sobre el voto urbano, y se remitió a decir que el censo definirá estos aspectos.

Sobrerrepresentación

La norma vigente de la distribución de escaños establece criterios que favorecen al área rural sobre el área urbana en cuanto a la representatividad en el Órgano Legislativo, según los expertos.

La Ley 026 del Régimen Electoral y la Ley 421 de Distribución de Escaños, además de la Constitución Política del Estado, establecen la distribución de 130 asientos entre los nueve departamentos: 63 para diputaciones uninominales, 60 para plurinominales y siete para circunscripciones especiales. El conflicto radica en las diputaciones uninominales porque muchas se encuentran en las zonas rurales.

La repartición actual se realizó a partir del censo nacional de población 2012 y solo puede ser modificada mediante una actividad similar y otra ley específica debatida en la Asamblea Legislativa Plurinacional, dominada por el MAS.
Según el último censo, en Bolivia se registraron más de 10 millones de habitantes: el 67,5% pertenece al área urbana y un 32,5% al área rural.

El experto en temas electorales José Velasco sostuvo que existe una “sobrerrepresentación” de lo rural en relación con lo urbano en función a la Constitución Política del Estado (CPE) que fomenta la representación de los pueblos minoritarios indígena originario campesino.

Velasco explicó que el departamento de La Paz tiene 29 escaños en la Cámara de Diputados, de los cuales 14 son uninominales, 14 plurinominales y una representación especial. De las diputaciones uninominales, ocho pertenecen al área urbana, distribuidas entre la ciudad de La Paz y El Alto, y seis asientos en el área rural.

“Si se aumentan diputaciones uninominales a La Paz y El Alto no le convendría al MAS porque para tener una buena representación parlamentaria se basa mucho en el voto de las circunscripciones uninominales y el voto rural en general que está sobrerrepresentado. Existe más peso y valor de un voto rural que de un voto citadino”, aclaró.

Para la senadora Centa Rek, el MAS habría implantado una fórmula para poder seguir manteniendo el número de escaños “como les conviene”, lo cual se debe transparentar en el censo porque no hay población en el área rural y, desde su criterio, no puede existir una representación sobrevaluada porque “son formas de llegar a una elección con fraude”.

El jurista estima que Oruro, Chuquisaca y Potosí perderán escaños debido a la migración de habitantes. Luego del censo será necesario reconfigurar el mapa electoral e impulsar una nueva ley de escaños parlamentarios.

Impugnación a la Ley 421

La exsenadora Carmen Eva Gonzales (UD) y el abogado Luis Ayllón presentaron en 2020 una acción de inconstitucionalidad abstracta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para impugnar la Ley 421, aprobada por el Movimiento al Socialismo (MAS) en 2013.

Argumentaron que esta normativa está en contra de los Principios de Proporcionalidad, que establece la Constitución), al hacer valer casi tres veces menos el voto en el área urbana, en relación a la rural. Esta acción fue rechazada.