El Instituto Nacional de Estadística (INE) comenzó a trabajar en 2019 en el próximo censo de población y vivienda, según los informes de rendición de cuentas, presentados por el Ministerio de Planificación. Ese plan, ciertamente interrumpido por la crisis política de ese año, continuó hasta la definición de un cronograma con miras al desarrollo de la gran encuesta del 16 de noviembre de 2022; pero esa fecha fue abortada por el Decreto 4760 que pospuso el empadronamiento hasta el 2024.

El Comité Interinstitucional de Santa Cruz, que promueve que el procedimiento se cumpla en 2023, ha revisado la documentación del INE, disponible en plataformas digitales públicas, pero no halló, hasta el momento, una justificación técnica que explique las razones para este diferimiento que, de concretarse, postergará el nuevo pacto fiscal para la redistribución de recursos en función de población y la asignación de escaños en el Legislativo, sobre la base de una nueva realidad demográfica.

El Censo de Población y Vivienda 2012 registró 10.059.856 habitantes en todo el territorio nacional y es sobre esta cifra que, actualmente, se redistribuyen los recursos generados por la recaudación tributaria y la renta petrolera. El INE proyectó para este año 12 millones de personas en el país.

Entre tanto, el departamento de Santa Cruz tendrá 3,4 millones de habitantes al finalizar el 2022, según esa misma previsión y eso significa 800.000 más con relación a los 2,6 millones que el INE contó durante el proceso censal de 2012.

El constitucionalista José Luis Santistevan, quien fue hasta hace poco secretario de Autonomías en el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en un contacto con EL DEBER, explicó los elementos técnicos de la propuesta regional y detalló los cuatro ejes que presentarán a los especialistas del INE que visitarán esta capital el lunes 15 de agosto en el marco de la “socialización” del proceso.

El profesional, quien se sumó al comité interinstitucional que está liderado por la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno (Uagrm), detalló los cuatro ejes de la ruta crítica para poder realizar la encuesta el 28 de junio de 2023, cumpliendo todas las previsiones técnicas y de procedimiento logístico que demandará la encuesta.

El plan parte por “acelerar los trabajos de la cartografía que ya está haciendo el INE y que necesita ser reforzado para que llegue, como máximo en febrero de 2023”.

El siguiente factor pasa por la validación de la boleta censal que tendrá las preguntas y, en ese marco, el llamado “censo piloto o experimental” que garantizará la calidad de la encuesta. Santistevan cree que es posible desarrollar estos procesos manera simultánea.

El paso tres pasa por la contratación de todo el personal que trabajará el “día D”, cuando se ejecute el gran operativo estadístico. La propuesta de la universidad lo proyectó para el 28 de junio en todas las ciudades del y el fin de semana anterior, el 24 y 25 de junio, en el área rural con la perspectiva de que las personas sean censadas en el lugar exacto de su residencia.

El paso tres del plan propuesto por el Comité proyecta la etapa poscensal que incluye “dos meses para evaluación sobre la información y la documentación generada” y el procesamiento de la información hasta enero o febrero de 2024, cuando se entreguen los resultados. Santistevan que es un tiempo estratégico en el marco de la hoja de ruta que preparó la Universidad porque, según explicó, permitirá fijar las bases del pacto fiscal para que esté vigente a partir de 2025, el año del bicentenario.

Eso sí, para Santistevan, llegar a ese año con una nueva reasignación de escaños en el Legislativo es clave para que la representación política refleje la realidad del país. “Llevar el censo para 2024 es sumamente riesgoso, porque esa representación puede fácilmente postergarse hasta 2030”, precisó.

“Por eso, esperamos que la reunión del INE sea eminentemente técnica y, de ahí, que no se repita lo mismo que se dio en las anteriores reuniones”, dijo Santistevan.

El rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, explicó la reunión del INE debe ser una oportunidad para encarar este debate técnico. “Tenemos un cronograma en el que especificamos fecha de realización de cada una de las actividades, tanto en la etapa pre censal, censal y poscensal, sustentando por qué el censo puede realizarse el año 2023”, puntualizó la autoridad.

“Esperamos que las autoridades nacionales tengan la voluntad de diálogo y nos permitan hacer la exposición de esta propuesta en la reunión técnica de socialización del proceso censal que se desarrollará el 15 de agosto en Santa Cruz”, puntualizó Vicente Cuellar.

Los expertos del Instituto ya visitaron las ciudades capitales de Oruro, Cochabamba y Tarija. Se reunieron con alcaldes y los rectores de las universidades públicas de esos departamentos para presentar el marco legal y jurídico del censo, además de requerir el apoyo para la actualización cartográfica, un proceso esencial que consiste en validar la cantidad de hogares que existen en cada manzano o parcela. Comenzó el 11 de julio en Santa Cruz y, en octubre, pasará lo mismo en Cochabamba.

En esas mesas técnicas, el INE no ha presentado la nueva ruta crítica para el desarrollo del censo en el marco del Decreto 4760, es decir para que se ejecute un día entre mayo y junio de 2024. Esa norma delega a la institución estadística que fije la fecha exacta del censo, pero en ese rango, un aspecto que fue rechazado por el Comité Interinstitucional de Santa Cruz que teme una postergación mayor debido al calendario electoral que comenzará en 2024 y que puede perjudicar a la gran encuesta.

De hecho, Santistevan recordó que está vigente la Ley de Organizaciones Políticas que establece la obligatoriedad de la celebración de elecciones primarias para habilitar a candidatos en los comicios de 2025. “Es un calendario tremendamente ajustado y puede implicar una nueva postergación del censo por esos calores políticos”, apostilló el especialista.

En todo caso, la definición de la fecha del próximo censo se debería determinar a partir de “diálogos técnicos” con el INE, dijo el alcalde de La Paz, Iván Arias, quien precisó que su municipio también trabajó en los argumentos técnicos para hacer la encuesta en 2023.

“Conocimos que la Comisión Técnica del INE no muestra disposición al diálogo sobre el censo. El acuerdo con el presidente Luis Arce fue diálogo técnico para luego definir la fecha. La Paz tiene argumentos para que se realice el 2023”, indicó la autoridad edil.

Además, demandó al Instituto que presente los datos de los avances del proceso, tomando en cuenta el decreto 4546 que declaró como prioridad nacional al censo en julio de 2021, “es decir hace más de un año”. “Se necesitan datos y la verdad del proceso” remarcó.

Planificación

En 2019, el INE presentó como un desafío clave “contar con una planificación de las tareas, los tiempos y los recursos requeridos para el inicio formal de la epata precensal de las gestiones 2019-2020”. Estableció, así, la prioridad de la actualización cartográfica y en enero de 2022, en su rendición de cuentas, presentó la ruta crítica y la garantía del censo para este año.

El documento también presentó el presupuesto de $us 68 millones para el operativo y un proyecto adicional de apoyo financiera a la cartografía por $us 113.341 aportados por el Programa de Población de Naciones Unidas.

El alcalde Santa Cruz, Jhonny Fernández, anunció que presentará la cartografía catastral como apoyo al INE en la cita del lunes.