¿Por qué las autoridades del departamento y de la ciudad de La Paz no encabezan la demanda ciudadana para contar en 2023 con un censo científico, bien organizado y con las preguntas adecuadas? Los habitantes de la sede de gobierno, los paceños y sus autoridades locales y territoriales deberían ser los más interesados en un conteo que se aproxime lo más posible a una radiografía de su realidad.

Sin embargo, hay poca voluntad y escasas propuestas.

¿Quiénes migran a la ciudad? ¿Por qué hay cada vez más construcciones, nuevos barrios, ocupación de laderas, loteos en las orillas de la mancha urbana hasta los municipios del área metropolitana? ¿Por qué hay más demandas de servicios básicos? ¿Por qué faltan camas en los centros de salud públicos? ¿Por qué hay tantos vehículos, tantas nuevas líneas de microbuses, tantas filas, tantas trancaderas?

¿Por qué cada vez es más difícil caminar por el centro urbano por las mareas humanas que suben y bajan, amén del aumento constante de vendedores ambulantes?

No se sabe, ni se sabrán las respuestas. ¡Porque no hay estadísticas fiables!

Sin embargo, los paceños con ingresos legales seguirán subvencionando por encima de sus posibilidades a forasteros que no aparecerán en el (no) conteo organizado por el (no) Estado: servicios municipales, parques, gasolina, hospitales, escuelas.

Ciertamente, los censos no son neutrales, aunque sus objetivos suelen ser similares desde hace 2000 años, cuando María de Nazaret tuvo que trasladarse a Belén de Judea obedeciendo las instrucciones de los romanos.

Hace dos siglos, amaneciendo la República de Bolivia, un primer conteo registró 1.100.000 habitantes, aproximadamente: 65% almas y 35% infieles, divididos en blancos o criollos, indios aborígenes, razas mezcladas, cholos y mestizos y negros.

En 1845 las estadísticas hablaban de 2.030.000 habitantes en el extenso territorio: 1.378.896 civilizados y 760.000 salvajes. Eran cifras exageradas, reflejo de una metodología imprecisa. Difícil establecer cómo se contabilizaron a esos “salvajes”. En 1854, se nombraba a los “bárbaros”; en 1950 se consignan 87.000 “selvícolas”.

Recién en 1976, el gobierno boliviano logró organizar un censo técnico, guiado por los mejores estadísticos de la academia. Es un punto de inflexión sobre las cifras nacionales. Era la época de Hugo Banzer, uno de los años más duros del septenio, pero ni él ni las Fuerzas Armadas que lo sustentaban se atrevieron a inferir en los resultados.

Aunque se suponía que ¡finalmente! la República de Bolivia haría conteos serios cada 10 años, otra vez la inestabilidad política y la crisis de la hiperinflación y de la deuda postergaron un censo nacional de largo alcance hasta 1992.

La institucionalidad del Instituto Nacional de Estadística (INE) fue respetada y, a pesar de fallas, sus datos y proyecciones eran confiables.

En 2001 el Censo habló de “indígenas” y de “nacionalidades” y hubo los traslados forzosos motivados por los recursos de la Participación Popular y el acceso a las Tierras Comunitarias de Origen, las TCO, territorios de las poblaciones originarias, sobre todo en el norte, este y sudeste del país.

La catástrofe llegó en 2012 cuando el Censo Nacional estuvo tergiversado desde sus inicios. En el Movimiento al Socialismo, MAS, con el asesoramiento cubano, la forma de gobernar es la mentira, el disfraz, la impostura. A ello se añade la sombra creciente y cada vez más negra del manejo del padrón electoral. Justamente coinciden las fechas cuando la Corte Electoral inició su caída vertiginosa; aparecieron “técnicos” venezolanos, y la opacidad en la información estadística tergiversó la voluntad de los bolivianos.