Hace poco se hizo pública la propuesta del Grupo de Juristas Independientes (GJI), quienes presentaron una “reforma judicial” ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), por la cual pretenden modificar la Constitución Política del Estado mediante un referéndum constitucional con cuatro preguntas que la población respondería mediante voto popular.

El GJI, encabezado por el constitucionalista José Antonio Rivera, busca una presunta reforma judicial que le permita cambiar el sistema de selección y designación de autoridades judiciales; se asigne un 3% del Presupuesto General del Estado anual; que las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos resuelvan sus conflictos jurídicos en el marco de la aplicación de su derecho consuetudinario y finalmente, crear jueces barriales en cada una de las ciudades.

En el fondo, la propuesta de este grupo es afirmar que el sistema judicial no sirve y se necesita modificar la Constitución para reformar la Justicia, políticamente esto sería empoderar a estos grupos de derecha, que han perdido en las urnas, que perdieron el control de los órganos Ejecutivo, Legislativo, Electoral y ahora desde los medios de comunicación establecen una campaña de descrédito a la administración de la justicia, y por ende tomar el control del Órgano Judicial.

La reforma judicial que postulan no es nueva, en realidad sigue la misma línea de la propuesta de Juan del Granado, que en 2021 indicaba que esta reforma debía pasar por las siguientes líneas: la Justicia debe pasar por independencia, mejor presupuesto, atribuciones al Consejo de la Judicatura, respeto a la Justicia y revalorización a la justicia originaria-campesina. En el fondo, reduce la administración de justicia a la selección de postulantes para magistrados que estarán en manos de una Comisión Nacional Ciudadana que elevaría una terna para la elección por dos tercios de la Asamblea, sujeta a un referéndum.

Rivera prácticamente hace solo una réplica nada nueva de Del Granado, pero en un escenario donde se denota un trabajo de baja intensidad, bregando en un tema de fondo que es el de empoderar a ciertas clases políticas de tecnócratas de la burguesía en la administración de la justicia, con los medios de comunicación como aliados.

Los procesos de modificación constitucional pasan una serie de etapas, los proponentes ahora esperan que el TSE proceda a la revisión de la propuesta y remita las preguntas al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para su control. De pasar la revisión de la constitucionalidad de las preguntas, el TSE deberá entregar libros de registro a los juristas para que recolecten el millón y medio de firmas que requerirían para la realización del referéndum.

En caso contrario, el TCP podrá determinar que la propuesta atinge a las bases fundamentales de la Constitución, por lo cual se requeriría una Asamblea Constituyente para su modificación.

La iniciativa de este grupo de la derecha de la oligarquía boliviana es apoyada por capas medias, pequeñas burguesías; para ellos la propuesta sería viable, con el acompañamiento de criterio de autoridad académica, y son las universidades las que también impulsan esta propuesta.

Abrir la Constitución sería un riesgo y un peligro para las transformaciones sociales que se han ido dando durante este gobierno popular, porque daría la posibilidad de ampliar una serie de modificaciones constitucionales, y empoderados los grupos de derecha, desde el control de las oligarquías, conflictúan al país y agitan a grandes retrocesos.

El escenario es también dado a la falta de “intelectuales orgánicos”. Si bien hay críticas a la administración de la Justicia, éstas se exacerban en las posturas de teóricos de la derecha, que campean en las columnas de opinión de medios que hegemonizan la opinión pública, y que pareciera no existieran otras propuestas de reformas judiciales.

La falta de una contrapropuesta o una reforma de la Justicia desde el ámbito popular y de clase hace que estos vacíos sean copados por la postura de la derecha. Es necesario asumir de manera autocrítica que no estamos ingresando en una disputa teórica, y peor mediática en el plano de lucha de ideas, sino que nos reducimos al mero espectáculo o a la contemplación de los fenómenos políticos, con una falta de propuesta estratégica.

Es ahí que debemos de advertir los riesgos, y de entrar en el debate con la suficiente claridad que nos brinda la base fundamental de las transformaciones que son las tesis y programas que surgen desde las clases populares.

Fernando Flores Zuleta es excomunicador del juicio de responsabilidades contra Goni y sus colaboradores.