En Venezuela hubo más de 120 ciudadanos muertos durante las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro. Gente que rechaza la realidad actual de ese país, otrora boyante y próspero, así como la permanencia de su presidente que se mantiene en el poder mediante comicios con denuncias de fraude. Los testigos de tales crímenes filmaron cómo policías y paramilitares disparaban contra jóvenes universitarios, mientras el mandatario pretendía hacer ver que las movilizaciones eran protagonizadas por ‘minorías golpistas’. 

El Gobierno de Maduro persiguió a sus opositores y, según organizaciones de derechos humanos, tiene 254 presos políticos en cárceles venezolanas, lo que es otra forma violencia, como lo fue la anulación de la Asamblea Nacional controlada por la oposición, para instalar una Asamblea Constituyente compuesta por seguidores del oficialismo.

En Nicaragua hay una situación dramática e insostenible. Fuerzas policiales, militares y paramilitares del Gobierno reprimen las movilizaciones de universitarios y de ciudadanos que están pidiendo que se adelanten las elecciones y que Daniel Ortega no permanezca en el poder. Van tres meses de violencia extrema que no discrimina edad ni situación social de las ya por lo menos 351 víctimas. El presidente de ese país centroamericano fue elegido por tercera vez en un proceso electoral cuestionado y se resiste a dejar el poder antes de 2021.

En Bolivia también hay rasgos de violencia que no deben ir en ascenso. Las protestas ciudadanas en defensa del resultado del referendo del 21-F, que dijo No a la reelección de Evo Morales, son atacadas por los gobernantes, al punto de que ha sido el mismo mandatario quien llamó a cocaleros de Yungas a “sacar a chutazos” a los que se movilicen con ese argumento, entre otras declaraciones desafortunadas de ministros y militantes. Siguiendo sus pasos, dirigentes de organizaciones afines al MAS exigen que los colectivos ciudadanos “no provoquen porque hallarán respuesta”, lo que va tensionando el ambiente con miras a los actos cívicos del próximo 6 de agosto.

Son tres países y tres rasgos del ejercicio de la violencia desde el Gobierno contra ciudadanos que protestan. El factor común es que se trata de gobernantes que se aferran al poder, aun en contra de las leyes (en Bolivia) y a pesar del luto que ha dejado la pretensión de reprimir la voz popular que les dice que ya no los quiere y que necesita que la democracia sea efectiva con un cambio de mando.

Son heridas que tiene el continente. La violencia no debe ser un medio para mantener el poder, porque cuando se sigue ese camino no hay retorno y solo queda el dolor ciudadano, así como la factura que la historia le pasa al que actúa de ese modo.