Santa Cruz paró nuevamente para exigir Censo el primer semestre de 2023, es decir, hasta siete meses después de la fecha inicial que el propio Gobierno nacional había fijado y que luego suspendió. ¿Y ahora qué viene? Las autoridades nacionales parecen simplemente ignorar la protesta cruceña y continúan adelante con sus planes para hacer el Censo el 2024.

Ese desencuentro del Gobierno nacional con la región económicamente más fuerte del país y con la mayor cantidad de población a la fecha, con proyección a crecer a un ritmo mucho más acelerado que el resto de las regiones, no está conduciendo a nada bueno y con toda seguridad se puede afirmar que tampoco llevará a buen destino, sino a más distanciamiento, movilizaciones y violencia.

Si no hubiera política de por medio, tendríamos que decir que la fecha del Censo es una discusión absurda, porque nadie debiera estar en contra de la actualización oportuna de las estadísticas nacionales sobre la población, su número, las condiciones en que viven, el acceso a servicios básicos, a educación, salud y otros, además de información sobre las viviendas, ni de postergar la recolección de esos datos, porque en sí mismos no son malos para nadie sino útiles para todos.

No tendría esta que ser una batalla entre el Gobierno y una región, y mucho menos entre un gobernador y un alcalde en el departamento. De hecho, pese al intento de algunos actores por politizar aún más el tema y polarizar el desencuentro entre dos autoridades cruceñas, la demanda del Censo no tiene nada que ver con ninguna de esas dos personas: Un Censo pronto, lo más pronto que su preparación amerite, es un reclamo de la población, no de líderes ni dirigentes.

Pero ni el primero ni el segundo paro de Santa Cruz lograron mover un milímetro la posición del Gobierno. El rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, presidente del Comité Interinstitucional para el Censo, dijo en EL DEBER Radio que se tuvo que decidir la medida extrema de las 48 horas simplemente porque el Gobierno se niega a conversar con Santa Cruz.

Pareciera, dice Cuéllar, que el Gobierno no se inmuta por lo que pasa en esta parte del país, quiere minimizar las medidas adoptadas, mandan a ministros a tratar de desbloquear, pero no hay voluntad política para solucionar la diferencia.

El líder del Comité cruceño para el Censo es una persona serena y con sensatez, alejada de radicalidades, con una posición técnica y académica, que está demostrando una amplia disposición a dialogar y no se cierra a escuchar eventualmente fechas no contempladas, pero eso sí, escuchando fundamentaciones técnicas, y a la vez que se les permita demostrar su explicación técnica para demostrar que el Censo sí se puede realizar el primer semestre de 2023.

El Gobierno debe revisar su cerrada posición en este asunto. En otros casos, el presidente Luis Arce ha tenido cierta flexibilidad en su gestión. Por eso resulta extraño que ahora no haya disposición a dialogar o a explicar. Hay quienes dicen que detrás de la posición cerrada del Ejecutivo está la mano de Evo Morales, el más interesado en que nada cambie hasta la elección del año 2025, en la que él será candidato y para la que viene haciendo campaña con cinco años de anticipación.

La cita del Censo debió ser en noviembre de este año: ¿Cómo se explica, sin sospechar que en el medio hay algo escondido, que un evento así de importante no se retrase, si es el caso, dos o tres meses para poner en orden algunas demoras, pero no 20 o más meses como es la decisión gubernamental?